(360Noticias) Isla Sofía, en la Región de Los Ríos, e Isla Arturo e Isla Sin Nombre, ambas en Tierra del Fuego, aparecen en el portal oficial de Bienes Nacionales como futuras licitaciones bajo modalidad de venta. Las dos últimas se encuentran en una de las zonas geopolíticamente más sensibles del país: la Patagonia austral, próxima al Estrecho de Magallanes y a la proyección chilena hacia la Antártica. La decisión obliga a preguntarse si el Estado debe desprenderse de territorios fiscales ubicados en espacios estratégicos o, por el contrario, fortalecer allí su presencia permanente.
Los antecedentes publicados por el Ministerio de Bienes Nacionales confirman que Isla Arturo, de 2,71 hectáreas, e Isla Sin Nombre, de 2,11 hectáreas, se encuentran en Lago Blanco, comuna de Timaukel, provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Ambas aparecen destinadas a turismo y bajo modalidad de venta. El portal señala además que no existen instrumentos de planificación territorial que normen actualmente su uso.
Tierra del Fuego no es cualquier territorio
Lago Blanco está situado en una comuna austral de enorme extensión y baja densidad demográfica. Tierra del Fuego forma parte de un espacio cuya relevancia supera ampliamente su valor comercial inmediato.
Magallanes articula el acceso al Estrecho, los pasos australes, el Cabo de Hornos y la proyección hacia el continente antártico.
De hecho, el propio Estado chileno ha reconocido oficialmente en 2026 el carácter estratégico de la región. Durante una visita gubernamental a Magallanes, las autoridades señalaron expresamente que la zona tiene una importancia particular por el Estrecho de Magallanes y por su condición de puerta de entrada a la Antártica, abordándose además materias de soberanía, logística y presencia nacional junto a representantes de las Fuerzas Armadas.
Si Magallanes constituye un eje estratégico para la política exterior, la defensa y la proyección antártica de Chile, ¿por qué el Estado vende territorio fiscal en Tierra del Fuego en vez de consolidar su presencia sobre él?
Necesitamos una explicación pública de este gobierno apátrida.
Tres islas fiscales consideradas para venta
| Propiedad | Ubicación | Superficie | Modalidad |
| Isla Arturo | Timaukel, Tierra del Fuego | 2,71 ha | Venta |
| Isla Sin Nombre | Timaukel, Tierra del Fuego | 2,11 ha | Venta |
Las dos aparecen por ahora como licitaciones “futuras”, lo que significa que todavía no cuentan con bases de licitación publicadas. Por eso aún no se conocen el precio mínimo definitivo ni todas las condiciones que deberán cumplir los eventuales compradores.
Este último punto es particularmente importante.
Antes de cualquier adjudicación, el Gobierno debería informar claramente quiénes estarán habilitados para adquirir estos terrenos, qué restricciones de nacionalidad o control societario existirán, qué mecanismos impedirán que sociedades instrumentales permitan controlar indirectamente las propiedades y qué evaluación estratégica realizará el Estado antes de desprenderse definitivamente del dominio fiscal.
El problema no es solamente quién compra
Sería un error reducir la discusión a si mañana aparece o no un ciudadano extranjero ofertando por una de estas propiedades.
El problema de fondo es otro: una concesión puede terminar; una venta transfiere el dominio.
El Estado conserva instrumentos jurídicos y regulatorios después de una venta, pero deja de ser propietario. Recuperar posteriormente un terreno considerado estratégico puede convertirse en un proceso extremadamente complejo y costoso.
Por esa razón, tratándose de territorios sensibles, una política soberana debería privilegiar —cuando corresponda desarrollar proyectos turísticos— concesiones condicionadas y temporalmente limitadas antes que la enajenación definitiva del patrimonio fiscal.
La propia legislación chilena demuestra que el territorio fronterizo y costero no puede ser observado con los mismos criterios que un inmueble urbano cualquiera. El Decreto Ley 1.939 establece restricciones especiales sobre tierras fiscales situadas cerca de las fronteras y de la costa, y limita también la adquisición por nacionales de países limítrofes en determinadas zonas fronterizas.
Patagonia y Antártica en una disputa geopolítica creciente
Existe, además, un contexto internacional que Chile no puede ignorar.
Estados Unidos reconoce oficialmente que mantiene fuertes intereses en la Antártica, sostiene tres estaciones científicas permanentes y participa activamente del Sistema del Tratado Antártico. Washington tampoco reconoce las reclamaciones territoriales formuladas por Chile, Argentina, Reino Unido y los demás Estados reclamantes, aunque mantiene reservada su propia posición jurídica respecto de eventuales derechos territoriales. La Antártica y sus vías de acceso forman parte de los intereses permanentes de las grandes potencias.
A ello se suma el creciente valor del Estrecho de Magallanes como ruta interoceánica y como plataforma natural de proyección antártica. Chile posee allí una ventaja geográfica extraordinaria. Convertirla en poder soberano requiere más Estado, más infraestructura, más investigación científica y más presencia humana; no menos.
Por eso el debate sobre Isla Arturo e Isla Sin Nombre trasciende ampliamente las 4,82 hectáreas que ambas suman.
Lo que está en discusión es el criterio con el cual Chile administra su territorio austral.
El patrimonio fiscal no debería administrarse únicamente con criterio de caja
Bienes Nacionales explica que su programa “Se Busca Dueño 2026” pretende dar destino a propiedades que, según el Ministerio, no cumplen actualmente una función pública. El plan contempla 234 inmuebles: 159 mediante licitación pública y 75 a través de ventas directas ya en proceso. La autoridad sostiene que los bienes necesarios para servicios públicos, protección patrimonial o proyectos estratégicos permanecerán en manos estatales.
Ahí se encuentra precisamente el debate.
Que un terreno actualmente no tenga una función administrativa no significa que carezca de valor estratégico para las próximas décadas.
Un Estado que piensa únicamente en la utilización inmediata de su patrimonio puede terminar desprendiéndose de espacios que después serán indispensables para poblamiento, conservación ambiental, investigación, logística, infraestructura o soberanía.
La Patagonia chilena no necesita convertirse en una colección de propiedades privadas dispersas entre grandes capitales nacionales o transnacionales. Necesita una política territorial de largo plazo.
Antes de vender Isla Arturo e Isla Sin Nombre, el Gobierno debería explicar públicamente qué estudio determinó que ambas carecen de interés estratégico, qué organismos de Defensa y Relaciones Exteriores fueron consultados y por qué se escogió la venta definitiva en lugar de una concesión.
Porque cuando se trata de Tierra del Fuego, Magallanes y la proyección antártica chilena, el tema no es simplemente cuánto vale una isla, sino ¿cuánto vale para Chile conservar el dominio de su propio territorio?
