Por Carlos Martínez (politólogo y miembro de Sovintern)
Hay causas que trascienden las fronteras y los intereses de los poderosos. Hay luchas que, aunque silenciadas por los grandes medios y ninguneadas por las cancillerías occidentales, se sostienen en la verdad histórica, en el derecho y en la dignidad de un pueblo. La causa del Sáhara Occidental es una de ellas. No es solo una causa anticolonial y antiimperialista; es también la causa de la justicia, del derecho internacional y del principio fundamental de que ningún pueblo puede ser sometido contra su voluntad.
El marco jurídico: una deuda pendiente con la historia
El Sáhara Occidental figura todavía hoy en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas. Fue incluido en 1963 y, desde entonces, la comunidad internacional ha sido clara: España sigue siendo de iure la potencia administradora del territorio. La Asamblea General de la ONU estableció ya en 1965, mediante la Resolución 2072, que España debía conducir el Sáhara Occidental hacia su emancipación política. Pero ese proceso quedó truncado.
Los llamados Acuerdos de Madrid de 1975, firmados en la agonía del franquismo, no transfirieron la soberanía del territorio ni modificaron su estatus jurídico internacional. El asesor jurídico de Naciones Unidas lo recordó en 2002: España no podía disponer unilateralmente de su condición de potencia administradora ni transferir la soberanía del territorio. Ese criterio ha sido reiterado incluso por la Audiencia Nacional española en 2014.
Sin embargo, el referéndum de autodeterminación prometido sigue sin celebrarse. La MINURSO fue establecida en 1991 para organizar esa consulta. Más de treinta años después, el pueblo saharaui sigue esperando. La reciente Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, adoptada el 31 de octubre de 2025, renueva un año más el mandato de la MINURSO, pero evita abrir vías sustantivas que permitan avanzar hacia el referéndum. Es la misma inacción de siempre, el mismo aplazamiento que favorece al ocupante.
La traición de 1975 y la cesión de 2022
España no solo abandonó su responsabilidad; la entregó a manos de quien no tenía derecho a recibirla. El 9 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos I, impuesto por Franco y “hermano” del monarca alauita Hassan II, pactó la entrega del Sáhara a Marruecos. No fue un acto de estado mayoritario ni consultado; fue una cesión vergonzosa, urdida en despachos, que condenó a un pueblo entero a la ocupación.
Y medio siglo después, la historia se repitió. Pedro Sánchez, sin consultar al Parlamento ni al pueblo español, cambió la histórica posición de neutralidad de España y apoyó el plan de autonomía marroquí como “la base más seria, realista y creíble” para una solución. Un giro que muchos analistas han interpretado como una progresiva política de acomodación a las posiciones de Rabat. El acuerdo administrativo firmado en diciembre de 2025 entre los ministerios de Educación de España y Marruecos, que cede la enseñanza en el colegio español La Paz de El Aaiún a la administración educativa marroquí, es solo el último episodio de esta rendición. Marruecos ha visto la debilidad del Reino de España y sus gobiernos y a diferencia de ellos sabe lo que quiere y como conseguirlo, mientras que las autoridades españolas carecen de plan y su sujeción a los intereses de los EEUU y su miedo a la corona alauita junto a sus dadivas y corrupciones, mantiene un política errática, miedosa y liberal carente de toda defensa de la soberanía propia y la dignidad.
Marruecos, EE.UU. e Israel: el eje de la ocupación
Marruecos no actúa solo. Su expansión territorial, basada en supuestos derechos históricos de antiguos sultanatos que nada tienen que ver con el derecho internacional contemporáneo, se sostiene sobre alianzas estratégicas con las potencias occidentales y con el ente sionista de Israel.
En diciembre de 2020, la Administración Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental a cambio de la normalización de relaciones entre Marruecos e Israel. Fue un canje vergonzoso: un territorio pendiente de descolonización se convirtió en moneda de cambio en los Acuerdos de Abraham. Desde entonces, Estados Unidos ha reiterado su apoyo a la posición de Rabat, y Francia y Alemania han calificado el plan de autonomía marroquí como “serio y creíble”. La alianza con Israel, con cooperación en seguridad, tecnología y economía, ha dado a Marruecos un respaldo político y militar sin precedentes.
Esta alianza no es un fenómeno aislado. Es parte de un nuevo mapa de alianzas que debilita la posición negociadora de Europa y convierte el Mediterráneo en un escenario de presión y chantaje. Marruecos ha aprendido que puede usar la presión migratoria como arma de negociación. No es un socio de fiar; es un país que juega sistemáticamente con cartas marcadas.
Pero la dinastía alauita también convierte a su propio pueblo en objeto de su explotación y expropiación de riquezas y derechos, empobreciéndolo y negándole el bienestar, manipulándole y oprimiendo a otras minorías interirores, mientras su rey posee la quinta fortuna más grande de África.
El Frente Polisario: la voz legítima de un pueblo
Frente a esta alianza de potencias coloniales y neo-coloniales, el Frente Polisario se mantiene en pie. No es un grupo más en disputa con otros; es el único representante legítimo del pueblo saharaui, reconocido como tal por la ONU y por la Unión Africana. La Asamblea General de Naciones Unidas, mediante las Resoluciones 34/37 (1979) y 35/19 (1980), reconoció al Frente Polisario como representante del pueblo del Sáhara Occidental. Desde 1984, la República Árabe Saharaui Democrática es miembro de pleno derecho de la Unión Africana.
La inmensa mayoría de las potencias africanas, todas ellas ex colonias, reconocen al Frente Polisario como el legítimo representante del pueblo saharaui. Numerosas naciones, partidos políticos y asociaciones internacionales respaldan su causa. La lucha saharaui es, además, una causa antiimperialista. Marruecos, EE.UU. e Israel solo gozan del apoyo de potencias que fueron colonizadoras y que desean hacer del reino alauita una base contra el multilateralismo y la soberanía de los pueblos.
Neocolonialismo: el expolio del Sur Global
El Sáhara Occidental no es un caso aislado. Es la expresión de una lacra más amplia: el neocolonialismo. Occidente y sus potencias siguen practicando la usurpación y expropiación de las riquezas naturales del Sur Global. El Sáhara Occidental es un territorio rico en fosfatos, pesca, hidrocarburos y otros recursos. Su ocupación bloquea la explotación de esos recursos por su población autóctona, mientras la corona se los ofrece a empresas multinacionales y a potencias extranjeras que están entrando a saco en el Sahara Occidental.
Marruecos, con la connivencia de EE.UU., Israel, la OTAN y la Unión Europea, mantiene un escenario de guerra y ocupación para asegurar el control de esas riquezas. Cuando las naciones del mundo demuestran ser capaces de lograr su propio desarrollo, las potencias coloniales recurren a sátrapas o a la guerra. La causa saharaui expresa que el colonialismo sigue presente, y que tanto Marruecos por sí mismo como por delegación occidental lo ejerce, al igual que el ente sionista de Israel en Palestina o Gran Bretaña en Gibraltar.
La justicia no prescribe
El Sáhara Occidental es la última colonia de África. Es el recordatorio de que el colonialismo no es un asunto del pasado, sino una realidad presente. Es la prueba de que el derecho internacional puede ser violado impunemente cuando los poderosos así lo deciden. Pero la justicia no prescribe. El pueblo saharaui sigue en pie, el Frente Polisario sigue luchando, y la comunidad internacional tiene la obligación moral y jurídica de exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU.
España, como potencia administradora, tiene la obligación de contribuir a un referéndum de autodeterminación. No puede lavarse las manos. No puede esconderse tras acuerdos vergonzosos. El pueblo saharaui merece decidir su futuro. Y el mundo, si realmente cree en la justicia, en el derecho internacional y en la soberanía de los pueblos, debe estar de su lado.
