WASHINGTON /TASS/. El Departamento del Tesoro de EE.UU. hizo este lunes varias aclaraciones a la autorización para que empresas y particulares estadounidenses realicen transacciones financieras con Juan Guaidó y otros representantes de la oposición venezolana para eludir las sanciones impuestas a Caracas, tras la decisión de la Asamblea opositora venezolana de liquidar el ” Gobierno interino”; las autoridades han actualizado el documento con fecha de 4 de enero de 2021.
Del texto se eliminó la frase de que las excepciones se refieren a “miembros y personal relevante, así como cualquier persona designada o autorizada por la IV Asamblea Nacional [como resultado de las elecciones parlamentarias de 2015] <…> para actuar en nombre del (“provisional” – referencia de TASS) Gobierno de Venezuela”. La frase fue sustituida por “cualquier organización creada por o bajo la autoridad de la IV Asamblea Nacional para cumplir su mandato; o cualquier persona nombrada o autorizada por la IV Asamblea Nacional <…> o por organización de la IV de la Asamblea Nacional, incluidos sus miembros y personal”.
Se ha eliminado un párrafo entero que hacía referencia a excepciones para Guaidó (no se le menciona en absoluto en el documento) o los autorizados por él. Las autorizaciones se aplican ahora simplemente a “personas nombradas o autorizadas por la IV Asamblea Nacional”, sin citar nombres concretos.
Las excepciones se refieren al decreto presidencial de agosto de 2019 por el que se congelan los activos del Gobierno venezolano. Según este documento, los activos de todos los organismos de Caracas, su Banco Central y la petrolera estatal PDVSA (Petróleos de Venezuela) están bloqueados en la jurisdicción estadounidense. Exenciones similares se aplican a las sanciones impuestas por el decreto de noviembre de 2018 por el que la Administración estadounidense impuso una prohibición a las transacciones “en el sector minero aurífero de Venezuela”. La licencia general no se aplica a los representantes de “la Asamblea Nacional Constituyente convocada por [el presidente venezolano] Nicolás Maduro y la [ilegítima] Asamblea Nacional, que [comenzó] el 5 de enero de 2021”.
Sobre la situación en Venezuela
La crisis en Venezuela se agravó en 2019 cuando la opositora Asamblea Nacional no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, las cuales fueron ganadas por el actual jefe de Estado, Nicolás Maduro. Como resultado, el Parlamento anunció que, en ausencia de un jefe de Estado legítimo, el presidente de la Asamblea Legislativa, entonces Guaidó, asumiría sus funciones después de que expirara el mandato presidencial de Maduro el 23 de enero de 2019. Guiadó fue reconocido por Estados Unidos, la mayoría de los países de la UE y algunos Estados latinoamericanos. Sin embargo, en la propia república, Guaidó nunca dispuso de poder real, y con el tiempo su apoyo por parte de los opositores al presidente en funciones también disminuyó. El activo más importante bajo el control de Guaidó son los bienes incautados por las autoridades estadounidenses y de algunos otros países occidentales y de los que se ha apoderado la oposición. Se trata, sobre todo, de Citgo Corporation, la filial estadounidense de PDVSA.
En Venezuela existen dos órganos que se autodenominan Asamblea Nacional: un Parlamento reconocido por las autoridades oficiales, con mayoría de partidos que apoyan a Maduro, y una Asamblea Legislativa alternativa cuyos miembros son antiguos diputados que se negaron a reconocer el fin de sus poderes. A finales de diciembre de 2022, los diputados de la oposición en la Asamblea votaron a favor de la decisión de desmantelar el “Gobierno interino” dirigido por Guaidó. Mientras tanto, Dinorah Figuera fue elegida presidenta de la opositora Asamblea Nacional el 5 de enero para suceder a Guaidó.
