(360Noticias) Mientras el Gobierno de José Antonio Kast proclama su compromiso con la seguridad y el combate a la delincuencia, su propio Ministerio de Justicia ha concedido rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La medida, ejecutada administrativamente y defendida por La Moneda, revela una profunda contradicción entre el discurso de mano dura del oficialismo y sus decisiones concretas.
La indignación provocada por esta noticia tiene fundamentos concretos. Entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, otorgó 56 rebajas de condena a delincuentes sentenciados por delitos sexuales contra menores de edad. De ellas, 27 corresponden a condenados por abuso sexual y 29 por violación. Durante el mismo período, solamente una solicitud fue rechazada.
Esto significa que, en promedio, el Gobierno concedió una rebaja de condena cada tres días. No estamos frente a una resolución aislada ni a un error administrativo excepcional, sino ante la aplicación sostenida de un criterio que terminó favoreciendo a decenas de condenados por algunos de los delitos más graves que pueden cometerse contra la infancia.
Lo más grave es que ninguna de estas 56 rebajas respondió a una orden judicial específica obtenida mediante un recurso de amparo presentado por los beneficiarios. Todas fueron tramitadas y aprobadas directamente por el Ministerio de Justicia.
La responsabilidad política que el Gobierno intenta eludir
Frente al escándalo, el ministro Fernando Rabat ha pretendido justificar las decisiones argumentando que se limitó a recoger criterios establecidos por la Corte Suprema.
Sin embargo, la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, aclaró que fue el propio ministro de Justicia quien dictó los decretos, ejerciendo las facultades legales que le corresponden. También señaló que no puede presumirse una jurisprudencia uniforme sin examinar las sentencias respectivas.
La explicación del Gobierno resulta todavía más cuestionable si se considera que la legislación chilena fue modificada en 2022, mediante la Ley 21.421, para excluir de estas rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores. Existe una controversia jurídica sobre la aplicación de esa exclusión a delitos anteriores a la reforma. Pero una controversia interpretativa no equivale a una obligación automática de aprobar todas las solicitudes.
De hecho, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, cuestionó que el Ejecutivo estuviera obligado a conceder los beneficios y recordó que las administraciones anteriores defendieron interpretaciones restrictivas ante los tribunales.
El Gobierno de Kast optó por conceder administrativamente las rebajas, en lugar de exigir que cada controversia fuera resuelta judicialmente. Esa fue una decisión de su administración, y debe asumir su responsabilidad política.
Los decretos fueron dictados bajo la fórmula administrativa «Por orden del Presidente de la República». Rabat ha sostenido que se trata de una facultad delegada y que José Antonio Kast no tenía conocimiento previo de las resoluciones. Esa explicación podrá delimitar quién firmó materialmente los documentos, pero no elimina la responsabilidad política de un Gobierno por los actos de sus ministros.
Mano dura para unos, beneficios para violadores de menores
La contradicción es difícil de justificar. El mismo sector político que ha construido buena parte de su discurso alrededor del endurecimiento de las penas, el aumento del encarcelamiento y la persecución implacable de la delincuencia termina defendiendo beneficios penitenciarios para personas condenadas por violar y abusar sexualmente de menores.
¿Dónde quedó la prometida mano dura? ¿Qué significado tiene hablar de protección a las familias cuando el propio Gobierno facilita reducciones de condena a quienes han cometido delitos sexuales contra niños y niñas?
No se trata de desconocer los derechos de las personas privadas de libertad ni los principios del Estado de derecho. Se trata de exigir coherencia, responsabilidad y una aplicación rigurosa de las normas destinadas a proteger a las víctimas de violencia sexual.
La reinserción social es un objetivo legítimo del sistema penitenciario. Pero no puede utilizarse como argumento para minimizar la gravedad de estos delitos ni para ignorar las restricciones que el propio legislador estableció.
Las consecuencias del abuso sexual infantil pueden acompañar a las víctimas durante décadas. Mientras ellas y sus familias enfrentan las secuelas de la violencia sufrida, el Gobierno ha encontrado argumentos jurídicos para reducir el tiempo de condena de sus agresores.
El Gobierno deciden no rebajas beneficios a violadores y pedofilos
La controversia adquirió todavía mayor gravedad cuando el vocero del Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo que las 56 rebajas ya ejecutoriadas no pueden ser suspendidas administrativamente, porque han completado su tramitación legal.
Así, la administración que concedió los beneficios ahora argumenta que estos ya produjeron efectos jurídicos que impiden su simple suspensión.
Por su parte, Rabat reconoció que se modificó el criterio aplicado por el Ministerio de Justicia respecto de estas solicitudes. También afirmó que el Ejecutivo impulsará cambios legales para impedir nuevas situaciones semejantes.
Pero anunciar modificaciones después de haber aprobado 56 rebajas no resuelve la responsabilidad por las decisiones ya adoptadas.
El problema es aún más delicado considerando que, según el propio ministro, la mayoría de los beneficiados habría recuperado la libertad. Corresponde al Gobierno transparentar la situación de cada uno de ellos y explicar qué consecuencias concretas tuvieron las reducciones de pena.
Una medida que exige explicaciones y responsabilidades
El Gobierno debe publicar íntegramente los 56 decretos, explicar los fundamentos jurídicos de cada resolución e informar cuántos condenados obtuvieron efectivamente su libertad anticipada.
También corresponde esclarecer por qué el Ministerio de Justicia adoptó un criterio favorable a estas solicitudes, si existían interpretaciones jurídicas que permitían defender una posición distinta.
La responsabilidad no puede diluirse en trámites administrativos, comisiones técnicas o referencias generales a la jurisprudencia. Las autoridades políticas existen precisamente para responder por las decisiones que adoptan en ejercicio de sus funciones.
Resulta particularmente grave que una administración que prometió recuperar la seguridad de los chilenos haya terminado protagonizando una controversia de esta magnitud en materia de delitos sexuales contra la infancia.
El país tiene derecho a exigir una explicación que vaya más allá de los tecnicismos legales. Porque no basta con proclamarse defensor de la familia, de la infancia y de la seguridad: esos compromisos deben expresarse en las decisiones del Gobierno.
En este caso, los hechos son contundentes: 56 condenados por abuso sexual y violación de menores recibieron rebajas de condena mediante resoluciones del Ministerio de Justicia durante el Gobierno de José Antonio Kast.
