AFP: 769 mil afiliados del Fondo E pierden más del 10% de sus ahorros

(360Noticias) Mientras las AFP administran los ahorros previsionales de millones de trabajadores chilenos, el fondo considerado más conservador del sistema registra pérdidas que pueden superar los cinco millones de pesos para una persona con 50 millones ahorrados. La situación vuelve a poner en discusión un problema de fondo: ¿por qué las pensiones de los trabajadores deben depender de los vaivenes de los mercados financieros y no de un sistema de seguridad social basado en la solidaridad?

El sistema de AFP vuelve a mostrar una de sus contradicciones más profundas. Los trabajadores cotizan obligatoriamente durante décadas con la esperanza de contar con una pensión que les permita vivir dignamente su vejez. Sin embargo, esos mismos recursos son invertidos en los mercados financieros, donde una caída en el valor de las inversiones puede reducir considerablemente los ahorros acumulados durante toda una vida laboral.

Eso es precisamente lo que está ocurriendo durante 2026 con el Fondo E de las AFP, considerado el más conservador del sistema y donde se encuentran numerosos trabajadores próximos a jubilarse.

Según las cifras de la Superintendencia de Pensiones, entre enero y septiembre de este año el Fondo E acumuló una pérdida real del 10,39%, mientras que solamente en septiembre registró una caída del 4,92%.

Se trata del segundo peor resultado para ese período desde la creación de los multifondos, después de 2021. Actualmente, cerca de 769 mil afiliados mantienen sus recursos en este fondo.

Pero ¿qué significa realmente perder un 10,39%? Para comprender la gravedad del problema, basta traducir ese porcentaje a pesos.

¿Cuánto han perdido los trabajadores de sus ahorros previsionales?

Por cada millón de pesos que un trabajador tenía invertido en el Fondo E al comenzar 2026, la pérdida acumulada equivale aproximadamente a $103.900 de poder adquisitivo.

Veamos algunos ejemplos:

Ejemplos calculados aplicando una caída real de 10,39% al saldo inicial, suponiendo que permaneció invertido durante todo el período, sin aportes ni retiros. Son pérdidas de poder adquisitivo, no necesariamente disminuciones idénticas en pesos nominales.

Pensemos en un trabajador que lleva 35 o 40 años cotizando y que ha logrado reunir 50 millones de pesos para su jubilación. En apenas nueve meses, la caída del Fondo E representa una pérdida de poder adquisitivo equivalente a $5.195.000.

No hablamos de una operación financiera voluntaria. Hablamos de recursos destinados a financiar sus necesidades más elementales cuando deje de trabajar: alimentación, medicamentos, vivienda y servicios básicos.

Peor aún, si ese trabajador debe jubilarse cuando sus ahorros están depreciados, podría terminar financiando su pensión con un capital considerablemente menor.

Un trabajador de 65 años que está a punto de pensionarse no dispone necesariamente de diez o quince años para esperar que los mercados financieros reviertan sus pérdidas.

El fondo más conservador tampoco protege los ahorros

Las AFP presentan el Fondo E como la alternativa de menor riesgo dentro de los multifondos. Sus inversiones se concentran principalmente en instrumentos de renta fija, como bonos y títulos de deuda.

Sin embargo, renta fija no significa rentabilidad garantizada. El valor de esos instrumentos puede caer cuando suben las tasas de interés.

Lo ocurrido en 2026 agrega otro elemento preocupante. Una investigación publicada por Diario Financiero el 9 de octubre señaló que las AFP utilizaron contratos derivados conocidos como swaps de tasas de interés, que amplificaron las pérdidas cuando los mercados evolucionaron en sentido contrario a sus posiciones financieras. Según ese análisis, dichas operaciones explicaban más que la totalidad de la caída acumulada hasta agosto, porque otras inversiones compensaron parcialmente las pérdidas.

Dicho de manera sencilla: las administradoras no se limitaron a mantener bonos conservadores, sino que también utilizaron instrumentos financieros cuyos resultados dependían de los movimientos de las tasas de interés.

¿Es aceptable que los ahorros destinados a financiar la vejez de los trabajadores queden expuestos a operaciones financieras capaces de provocar pérdidas tan importantes, incluso en el fondo considerado más seguro?

Dentro del sistema de capitalización individual, los resultados negativos de esas inversiones repercuten directamente en el patrimonio previsional de los afiliados.

Las AFP administran, pero el trabajador soporta las pérdidas

Existe una diferencia fundamental entre quien administra el dinero y quien termina soportando las consecuencias de una mala rentabilidad.

Cuando los fondos previsionales aumentan de valor, las AFP presentan esos resultados como una demostración de la eficiencia del sistema. Cuando las inversiones caen, las pérdidas se reflejan en las cuentas individuales de los trabajadores.

Las administradoras reciben comisiones por sus servicios, mientras que el riesgo de mercado sobre el ahorro previsional recae principalmente en los afiliados. Se revela una profunda asimetría entre su papel como administradoras y la exposición patrimonial de quienes cotizan.

El trabajador no decide las operaciones financieras específicas que realiza su administradora. No compra personalmente los bonos ni contrata los derivados. Sin embargo, las consecuencias de esas decisiones se reflejan en el valor de sus ahorros.

Por eso, la caída del Fondo E no puede ser presentada simplemente como una mala racha de los mercados. Debe abrir una discusión sobre el nivel de riesgo permitido, la responsabilidad de las administradoras y el papel fiscalizador del Estado.

Las pensiones no pueden seguir dependiendo de la bolsa de valores

La cuestión de fondo es todavía más profunda.

Durante décadas se ha instalado la idea de que cada trabajador debe financiar individualmente su propia vejez, acumulando un capital cuya rentabilidad depende de las inversiones realizadas en los mercados nacionales e internacionales.

Bajo este modelo, la pensión queda condicionada por los salarios recibidos, los períodos de desempleo, la densidad de las cotizaciones, la esperanza de vida y los resultados financieros obtenidos por las administradoras.

Un trabajador puede haber cumplido rigurosamente con sus obligaciones previsionales y, aun así, descubrir que una crisis financiera reduce sus ahorros poco antes de jubilarse.

¿Por qué el derecho a una vejez digna debe depender de las fluctuaciones de las bolsas, del precio de los bonos o de las operaciones con derivados financieros?

La seguridad social no debería funcionar como una cuenta de inversión donde cada trabajador enfrenta individualmente los riesgos del mercado. Su finalidad es garantizar protección económica durante la vejez, la invalidez y otras contingencias de la vida.

Las pensiones constituyen un derecho social, no un premio por haber tenido buenos resultados financieros.

Recuperar los fondos solidarios: otra manera de financiar las pensiones

Frente a las limitaciones de la capitalización individual, resulta necesario reivindicar los sistemas de seguridad social sustentados en principios de solidaridad, financiamiento colectivo y responsabilidad pública.

Un sistema solidario funciona de manera diferente. En lugar de hacer depender exclusivamente la pensión de cada persona de lo acumulado en su cuenta individual, establece mecanismos de financiamiento compartido entre trabajadores, empleadores y Estado.

Esto permite distribuir colectivamente riesgos que hoy recaen principalmente sobre cada afiliado: bajos salarios, períodos sin cotizaciones, desigualdades laborales y una mayor esperanza de vida.

La solidaridad también reconoce una realidad frecuentemente ignorada por la capitalización individual: no todos los trabajadores han tenido las mismas oportunidades para ahorrar. Una persona que recibió el salario mínimo durante décadas, una mujer que interrumpió su vida laboral para cuidar a su familia o un trabajador que sufrió largos períodos de desempleo no deberían quedar condenados a pensiones insuficientes.

Chile ya cuenta con instrumentos solidarios, como la Pensión Garantizada Universal y el Seguro Social Previsional incorporado mediante la reforma de 2025. Este último contempla aportes de los empleadores destinados a beneficios colectivos, entre ellos la compensación por diferencias de esperanza de vida y el reconocimiento de años cotizados.

Son mecanismos que pueden fortalecerse, aunque no reemplazan completamente la estructura de capitalización individual que continúa predominando en el sistema chileno.

Reivindicar un sistema solidario tampoco significa afirmar que sus recursos nunca deban invertirse. Los fondos colectivos también requieren sostenibilidad financiera, administración responsable y controles rigurosos. La diferencia decisiva está en que las prestaciones no deberían depender exclusivamente del rendimiento financiero de una cuenta individual.

Un sistema verdaderamente solidario debe garantizar prestaciones suficientes mediante reglas de financiamiento sostenibles, redistribución de recursos y participación efectiva de los trabajadores en su administración y fiscalización.

¿Hasta cuándo los trabajadores seguirán pagando los costos?

Las pérdidas del Fondo E durante 2026 deberían encender una alarma nacional.

Estamos hablando de cerca de 769 mil afiliados expuestos a la caída de valor del fondo más conservador del sistema. No todos han perdido la misma cantidad de dinero, porque sus saldos y movimientos son diferentes, pero el retroceso acumulado constituye una señal preocupante, especialmente para quienes están próximos a jubilarse.

No basta con explicar que los mercados suben y bajan. Tampoco resulta suficiente señalar que las rentabilidades podrían recuperarse en el futuro. La pregunta es qué ocurre con quienes deben pensionarse precisamente cuando las inversiones atraviesan un período de fuertes pérdidas.

La caída del Fondo E vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que Chile no debería seguir postergando: superar la dependencia exclusiva de la capitalización individual, fortalecer los fondos solidarios y avanzar hacia un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas.

Porque después de trabajar durante 30, 40 o más años, ningún chileno debería llegar a su jubilación con la incertidumbre de cuánto dinero habrá perdido su fondo previsional por las fluctuaciones de los mercados financieros.

Los trabajadores cotizan para tener una pensión, no para asumir individualmente los riesgos del negocio financiero.