por Jorge Gálvez (Coordinador de Izquierda Soberanista y Secretario Político del Partido del Trabajo de Chile)
Mario Kreutzberger, una de las figuras más privilegiadas de la televisión chilena, sostiene que resulta imposible mantener la jubilación a los 65 años. Sus declaraciones revelan la enorme distancia que existe entre quienes han acumulado riquezas a costa de la Teleton y millones de trabajadores que han entregado su vida al trabajo y apenas aspiran a una vejez digna.
Las recientes declaraciones de Mario Kreutzberger, conocido como Don Francisco, constituyen una expresión de la desconexión social de quienes, desde una posición de privilegio económico, pretenden determinar hasta qué edad deben trabajar los demás.
En una entrevista con CNN Chile, el histórico animador afirmó que “es imposible” mantener la jubilación a los 65 años, argumentando que las personas viven cada vez más y que los sistemas previsionales no podrían sostener períodos tan prolongados de retiro.
Para justificar su posición, recurrió a su propia experiencia: “Yo en este momento hace 21 años que estoy cobrando jubilación. No hay sistema de jubilación que pueda resistir eso”.
Pero hay una diferencia fundamental que Kreutzberger parece ignorar: no es lo mismo llegar a los 65 años después de una vida rodeada de comodidades y privilegios económicos que hacerlo después de cuatro décadas trabajando en una fábrica, una construcción, una mina, un hospital o realizando labores agrícolas.
Porque mientras Kreutzberger puede continuar trabajando por decisión propia, para millones de chilenos el trabajo no es una elección recreativa ni una forma de mantenerse vigentes. Es una necesidad económica, muchas veces acompañada de desgaste físico, enfermedades profesionales y condiciones laborales que deterioran prematuramente la salud.
¿Le pediría Don Francisco a un obrero de la construcción de 65 años que continúe cargando materiales? ¿A una temporera agrícola que siga trabajando bajo el sol? ¿A una trabajadora que ha pasado toda su vida limpiando oficinas, cuidando enfermos o realizando labores domésticas?
La esperanza de vida puede aumentar, pero eso no significa que todos lleguen a la vejez en las mismas condiciones. La desigualdad social también se expresa en la salud, el desgaste corporal y las posibilidades reales de disfrutar los años posteriores al trabajo.
Resulta particularmente cuestionable que la discusión previsional se reduzca a cuántos años más deben trabajar las personas, sin cuestionar primero cómo se distribuye la riqueza que esas mismas personas producen.
Chile es un país donde los trabajadores han contribuido durante décadas a generar enormes ganancias empresariales. Sin embargo, cuando llega el momento de jubilar, se les dice que los recursos son insuficientes, que deben ahorrar más, trabajar más años o resignarse a pensiones que no siempre permiten cubrir sus necesidades básicas.
¿Por qué la solución debe ser siempre aumentar los sacrificios de los trabajadores y nunca discutir seriamente una mayor contribución del capital, de las grandes fortunas y de las utilidades empresariales al financiamiento de la seguridad social?
Es cierto que el envejecimiento de la población y la disminución de la natalidad representan desafíos para cualquier sistema previsional. Negarlo sería absurdo. Pero de ese diagnóstico no se desprende que la única solución posible sea obligar a las personas a trabajar hasta edades cada vez más avanzadas.
Existen otras alternativas: fortalecer los mecanismos solidarios, ampliar el financiamiento público, mejorar las remuneraciones y la formalidad laboral, incrementar la productividad y distribuir de manera más justa los recursos que genera la economía.
El problema, finalmente, es también político. ¿Para qué progresa una sociedad si sus avances científicos, tecnológicos y productivos no permiten que las personas trabajen menos y vivan mejor? El desarrollo de las fuerzas productivas debería abrir la posibilidad de reducir progresivamente el tiempo de trabajo socialmente necesario, no condenar a generaciones enteras a permanecer empleadas hasta el agotamiento.
La jubilación no es una concesión generosa del Estado ni un privilegio que deba justificarse ante los sectores acomodados. Es un derecho conquistado por generaciones de trabajadores mediante décadas de luchas sociales.
En Chile, la edad legal de jubilación continúa siendo de 65 años para los hombres y 60 para las mujeres.
Gobierno de KastpPretender elevarla sin considerar las profundas desigualdades sociales y laborales del país supone trasladar nuevamente a los trabajadores el costo de los desequilibrios del sistema.
Don Francisco tiene todo el derecho a seguir trabajando mientras lo desee y sus condiciones se lo permitan. Lo que resulta inaceptable es transformar su experiencia personal, marcada por una posición económica excepcional, en una receta para el conjunto de la sociedad.
Quienes han pasado la vida trabajando no necesitan que los millonarios les expliquen por qué deben seguir haciéndolo. Necesitan pensiones dignas, descanso y tiempo para vivir.
Porque una sociedad verdaderamente desarrollada no es aquella que consigue mantener a sus trabajadores produciendo hasta el último día de sus vidas, sino aquella que es capaz de garantizarles una vejez digna después de haber contribuido, durante décadas, a construir la riqueza del país.
Y esa diferencia, que parece tan sencilla, es precisamente la que se pierde de vista cuando se observa la realidad de los trabajadores desde la comodidad de la opulencia.
