Lo que está ocurriendo con los derechos sociales bajo el gobierno de José Antonio Kast ya no puede entenderse, desde nuestra perspectiva, como una sucesión de simples “ajustes presupuestarios”. Hay una orientación política que se repite: reducir, debilitar o derechamente eliminar políticas públicas que durante años permitieron aliviar las enormes desigualdades existentes en Chile.
Primero apareció la amenaza sobre la alimentación de miles de estudiantes. Ahora el golpe llega al acceso a la tecnología.
El proyecto de Presupuesto 2027 dejó sin financiamiento explícito las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones, continuadoras del programa “Yo elijo mi PC”, una política que durante 17 años permitió entregar computadores a estudiantes del sistema escolar.
Durante 2026, 96.100 estudiantes recibieron notebooks a través de este programa. No hablamos de un lujo ni de un beneficio accesorio. En una sociedad donde buena parte del aprendizaje, las tareas, las investigaciones, las postulaciones y hasta las comunicaciones con los establecimientos educacionales dependen de internet, disponer de un computador constituye una herramienta básica para estudiar.
Sin embargo, el gobierno decidió que para 2027 esa política no tenga financiamiento identificado en el proyecto presupuestario.
Cuando el ahorro siempre cae sobre los mismos
Cada vez que se anuncia un recorte social aparece la misma explicación: hay que ordenar las cuentas, disminuir gastos, hacer más eficiente el Estado.
Pero resulta legítimo preguntarse por qué esa austeridad termina afectando una y otra vez a quienes dependen de los servicios públicos.
Un estudiante de una familia acomodada probablemente seguirá teniendo computador, internet y todos los medios necesarios para estudiar. El problema lo tendrá el estudiante cuya familia simplemente no dispone de cientos de miles de pesos para comprar un notebook.
Ahí está el verdadero contenido social de estas decisiones.
Eliminar esta política no genera igualdad ante la austeridad. Profundiza una desigualdad que ya existe.
Y no ocurre de manera aislada.
El mismo proyecto presupuestario contempla una disminución de 46,71% de los recursos destinados a los Liceos Bicentenario. También establece nuevos límites máximos de horas docentes para los Servicios Locales de Educación Pública.
Las medidas pueden presentarse administrativamente bajo distintos nombres, partidas y subtítulos presupuestarios. Vistas en conjunto, sin embargo, expresan una determinada concepción del Estado.
Kast odia los derechos sociales
Hay que decirlo con claridad: desde nuestra mirada, Kast odia los derechos sociales, porque representan exactamente aquello que su proyecto político busca reducir: la responsabilidad colectiva de garantizar condiciones mínimas de dignidad independientemente del dinero que tenga cada familia.
El derecho a estudiar no consiste solamente en permitir que un joven entre a una sala de clases.
Significa que pueda alimentarse, que tenga profesores, infraestructura, libros, conectividad y las herramientas tecnológicas necesarias para aprender.
Cuando el Estado entrega un computador a un estudiante que no puede comprarlo, no está haciendo beneficencia. Está intentando disminuir una desigualdad concreta.
Por eso resulta tan grave que una política mantenida durante 17 años pueda desaparecer simplemente borrando su financiamiento del presupuesto.
Destruir también puede hacerse partida por partida
Los derechos sociales rara vez desaparecen de un día para otro.
Se van debilitando.
Primero se congela un programa. Después se reduce su presupuesto. Luego disminuye su cobertura. Finalmente se declara que ya no existen recursos suficientes para mantenerlo.
Así se puede desmantelar una política pública sin anunciar jamás formalmente que se está terminando con un derecho.
El computador que dejará de recibir un estudiante en 2027 puede parecer una cifra menor dentro de un Presupuesto Nacional de miles de millones de dólares. Para una familia trabajadora, sin embargo, puede significar la diferencia entre tener o no una herramienta fundamental para estudiar.
Ahí se mide el verdadero significado de estas decisiones.
Porque detrás de cada línea presupuestaria existen personas concretas.
Existen estudiantes.
Existen familias.
