(360Noticias) A menos de siete meses de asumir La Moneda, el gobierno de José Antonio Kast enfrenta un escenario económico cada vez más complejo: la actividad acumula una caída de 0,5% entre enero y agosto, el desempleo llegó al 9,6% y las perspectivas de crecimiento para 2026 se acercan peligrosamente a cero o a cifras negativas. Mientras tanto, el Ejecutivo profundiza su política de ajuste fiscal y recorte de programas sociales, al mismo tiempo que enfrenta cuestionamientos por millonarias contrataciones de asesores y funcionarios extranjeros, venezolanos y argentinos.
Las cifras conocidas durante los últimos días terminaron por derrumbar el discurso de una rápida recuperación económica prometida por el Gobierno.
El Banco Central informó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) cayó 1% en agosto respecto del mismo mes de 2025. La serie desestacionalizada retrocedió, además, 0,7% frente a julio. Con estos resultados, la actividad económica acumula una contracción aproximada de 0,5% durante los primeros ocho meses de 2026.
Entre enero y agosto se registraron seis meses con variaciones anuales negativas del Imacec. Esto es apenas la cuarta vez desde 1997 que los primeros ocho meses de un año presentan una variación promedio negativa, después de 1999, 2009 y 2020.
El deterioro también llegó directamente al empleo.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación alcanzó 9,6% en el trimestre junio-agosto, un punto porcentual más que un año antes. Las personas ocupadas disminuyeron 0,9%, mientras el número de desocupados aumentó 13%. En la Región Metropolitana el desempleo llegó al 9,8%.
Son cifras particularmente duras para un Gobierno que llegó prometiendo crecimiento, inversión y creación de puestos de trabajo.
El crecimiento prometido no aparece
El último Imacec estuvo fuertemente condicionado por la minería, cuya actividad cayó 17,4% anual en agosto, principalmente por la menor extracción de cobre. La preocupación ya atravesó el debate político y llegó a los propios economistas.
El Banco Central redujo en septiembre su proyección para el crecimiento del PIB de 2026 a un rango de 0,25% a 0,75%, muy lejos de las expectativas que existían anteriormente. Analistas privados incluso han comenzado a advertir que el año podría terminar cerca de cero o eventualmente en terreno negativo si el deterioro continúa.
Ajuste para las familias, millones para cargos cuestionados
El contraste más evidente aparece cuando se observa dónde está poniendo el Gobierno el peso del ajuste.
Kast informó en junio que su administración ya había aplicado medidas de contención y reducción de gastos superiores a $1,3 billones, presentándolas como parte de un profundo proceso de ajuste fiscal. El Ejecutivo sostiene que estas medidas no afectan los beneficios sociales esenciales. Sin embargo, las decisiones posteriores muestran una presión creciente sobre programas y derechos sociales.
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un crecimiento del gasto público de apenas 1,5%, uno de los incrementos más bajos de las últimas décadas. En educación, las reducciones presupuestarias provocaron incluso una movilización de estudiantes, profesores y organizaciones sociales durante esta semana.
Entre las decisiones más polémicas se encuentra la eliminación del financiamiento para “Yo elijo mi PC”, programa existente desde 2009 que entrega computadores a estudiantes vulnerables. La contradicción se vuelve todavía más difícil de explicar cuando se comparan estos recortes con algunas contrataciones realizadas por la propia administración.
Uno de los casos más controvertidos fue el de la venezolana Lucy Depablos Chacón, contratada en la Dirección Nacional del Servicio Civil, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, como jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana. En junio registró una remuneración bruta superior a $5,6 millones. Contraloría solicitó posteriormente los antecedentes destinados a acreditar su calidad de experta y sus credenciales académicas y profesionales. Depablos terminó renunciando el 16 de septiembre.
También han sido cuestionados los elevados honorarios de asesores directamente vinculados a La Moneda. Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores presidenciales, tiene un contrato que contempla remuneraciones de hasta $9,5 millones mensuales, mientras Cristián Valenzuela, otro de los principales asesores políticos del Presidente, fue contratado por un monto bruto total de $80,9 millones entre marzo y diciembre.
