(360Noticias) Mientras el Gobierno de José Antonio Kast defiende una política de austeridad, revisión del gasto público y eliminación o reducción de programas considerados poco eficientes, una contratación en La Moneda vuelve a instalar la discusión sobre dónde y cómo se están priorizando los recursos del Estado.
Natalia Duco, exministra del Deporte, regresó al Gobierno como asesora senior en materias deportivas de la Presidencia, con un contrato que se extiende desde el 7 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2026. Por esos casi cuatro meses recibirá $17.100.000 brutos: una primera cuota de $3.600.000 y tres pagos posteriores de $4.500.000.
La cifra equivale a un promedio bruto de $4.275.000 mensuales durante el período contractual.
La contratación adquiere especial relevancia por el momento en que se produce. Duco había dejado el Ministerio del Deporte pocas semanas antes, luego de los cuestionamientos por el uso de un vehículo fiscal. Ahora vuelve al denominado Segundo Piso de La Moneda para elaborar propuestas, informes y prestar asesoría relacionada con materias deportivas.
El propio Presidente Kast defendió anteriormente su incorporación argumentando que la experiencia de la exdeportista sería relevante para mejorar el uso de los recursos destinados a futuros eventos deportivos.
La austeridad no alcanza a todos por igual
El contraste aparece al revisar el proyecto de Presupuesto 2027, donde el Ejecutivo propone reducir o terminar distintos programas públicos.
Uno de los casos más visibles es “Yo elijo mi PC”, actualmente integrado a las Becas TIC de Junaeb. El programa, vigente desde hace 17 años, entregó computadores a 96.100 estudiantes durante 2026 y contó este año con cerca de $35 mil millones. La propuesta presupuestaria para 2027 elimina su financiamiento explícito.
También se plantea una reducción de 46,71% para los Liceos Bicentenario, dentro de una partida educacional que ha generado cuestionamientos por la distribución interna de los recursos.
A ello se suma la situación de PRODEMU. El proyecto presupuestario establece recursos para mantener sus operaciones solamente hasta el 31 de marzo de 2027, destinados además a financiar el proceso de cierre, liquidación y disolución de la institución si el Congreso mantiene la propuesta del Ejecutivo.
Otro recorte significativo aparece en el Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, asociado a la denominada Ley Cholito. Su presupuesto pasaría de $3.635 millones durante 2026 a $514 millones en 2027, una disminución de 85,8%. Los fondos destinados principalmente a transferencias para municipios y acciones territoriales caerían todavía más, cerca de un 95%.
¿Dónde se aplica realmente el criterio de eficiencia?
El Gobierno sostiene que estos ajustes responden a una revisión de los programas estatales y a la necesidad de concentrar los recursos donde existan mejores resultados. Kast ha señalado que su administración pretende verificar el destino de cada peso del gasto social, mientras el Ejecutivo afirma que existen programas que deben mejorar su eficiencia antes de seguir recibiendo recursos.
Ese argumento, sin embargo, abre inevitablemente otra pregunta: ¿el mismo estándar de austeridad y eficiencia aplicado a computadores para estudiantes, programas para mujeres o políticas municipales se utiliza al momento de contratar asesores en La Moneda?
Los $17,1 millones destinados a la asesoría de Natalia Duco representan una fracción mínima del Presupuesto nacional y, por sí solos, evidentemente no financiarían los programas que están siendo recortados. El punto político es otro: mientras a numerosos organismos se les exige justificar hasta el último peso y enfrentar reducciones considerables, la Presidencia dispone de varios millones para una asesoría individual de menos de cuatro meses.
El debate, entonces, no se limita al monto que recibirá una exministra. Se relaciona con las prioridades presupuestarias que está estableciendo el Gobierno.
Porque cuando se pide austeridad al Estado, la pregunta inevitable es quién debe asumirla: si los estudiantes que dejarán de recibir computadores, los programas sociales que pierden financiamiento o también quienes integran el círculo de asesores de La Moneda.
