El 25 de julio de 2022 la ahora exfuncionaria del Gobierno Regional del Biobío envió una carta informando del eventual maltrato verbal recibido de parte del Gobernador Regional Rodrigo Diaz Wörner, destinada a la Presidenta de la Comisión de Ética y al Secretario Ejecutivo del Consejo Regional, quienes no han dado cuenta a los demás COREs de la denuncia a pesar de lo consignado en el propio reglamento de ética.
Hace algunos días se informó en los medios de comunicación que el juzgado del Trabajo de Concepción acogió a trámite una delicada denuncia por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del término de la relación laboral de la ahora ex jefa de unidad de control del Gobierno Regional del Biobío, quien comenzó a prestar servicios en octubre de 2021 luego de haber sido seleccionada para el cargo vía concurso por Alta Dirección Pública y renunciando en octubre de 2022, según consta en su carta notificando al Gobernador Regional “… Atendiendo al carácter insostenible de la situación, en resguardo de mis garantías constitucionales, las cuales están siendo vulneradas por vuestra actuación, me veo en la necesidad de presentar a Ud, mi renuncia indeclinable…”
Al tomar conocimientos de la noticia, los Consejeros Regionales de la Bancada del Partido Igualdad, señalaron desconocer los hechos e ingresaron una solicitud de información para conocer detalles de la denuncia escrita que envió la exfuncionaria el 25 de julio de 2022, a sólo a días de registrado el hecho de violencia verbal que denuncia. Motivados por los compromisos institucionales establecidos en el reglamento de ética del Consejo Regional del Biobío sobre las relaciones laborales, así como con el procedimiento para el funcionamiento de la comisión fiscalizadora.
La CORE Camila Arriagada señaló al respecto: “Lamentamos profundamente esta situación, nos enteramos por la prensa de esto, a pesar de que fue esta denuncia enviada al secretario ejecutivo del CORE y a la presidenta de la comisión de ética, donde se podría haber abordado por el Consejo Regional en su conjunto”. Sobre los hechos propios de la denuncia agregó “Repudiamos y rechazamos este tipo de conductas, que vulneran los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Nos preocupa profundamente que puedan estar ocurriendo otro tipo de situaciones al interior de esta institución”.
Por su parte, el CORE Javier Sandoval comentó: “Nos parece grave que este tipo de informes y notificaciones permanezcan ocultos y los consejeros no nos enteremos. Desconocemos cuántos más pueden haber en esta situación”. Refiriéndose también al ambiente laboral existente al interior del GORE “Nos preocupa, nos interesa la opinión de las entidades gremiales frente a estos eventuales acoso laboral, hostigamientos, prácticas pasivo-agresivas que pueden estar enrareciendo el funcionamiento y las condiciones laborales en el Gobierno Regional”.
LA COMISIÓN DE ÉTICA DEL CONSEJO REGIONAL
Debutó en mayo de 2022, cuando se aprobó en sesión su código de ética de manera unánime, recibiendo inmediatamente una denuncia de la Consejera Regional Ana Araneda por ser expuesta por CORE Javier Sandoval, en una publicación en redes sociales con un extracto de una sesión extraordinaria. El video da cuenta de una solicitud para revisar aquellos proyectos en calificación ambiental donde el Gobierno Regional no se pronunciaba, donde la denunciante y presidenta de la comisión de medio ambiente señaló que “Si un organismo público o un gobierno regional no se pronuncia, no es grave, la ley lo permite”, generando fuertes críticas entre organizaciones socioambientales y dirigentes sociales, que motivaron la denuncia por menoscabar aparentemente su imágen con la publicación.
Esta denuncia es la única que ha acogido y analizado la comisión de ética, sancionando públicamente al Consejero Regional del Partido Igualdad, recibiendo una amonestación como acción disciplinaria, tras el llamado de atención verbal en una sesión ordinaria del CORE.
Al respecto Javier Sandoval comentó: “Vemos el funcionamiento viciado de la comisión de ética, donde por lo menos tres o cuatro denuncias muy directas y muy claras no han sido recogidas. Eso nos parece peligroso, se aleja de los mínimos estándares de transparencia, información verás y por supuesto ética”. Afirmaciones que se fundamentan en la propia denuncia de la exfuncionaria que hoy demanda al Gobierno Regional del Biobío por al menos unos 70 millones de pesos por concepto de indemnización, el pronunciamiento de la Contraloría Regional por la denuncia de proselitismo político contra el Consejero Regional James Argo y la cuestionada tramitación del viaje a Egipto de la Consejera Ana Araneda
