Según la Fiscalía, la víctima fue reducida violentamente, esposada a un vehículo municipal y trasladada a un cuartel donde sufrió nuevas agresiones. Luego fue abandonada en un sector de tomas de la comuna.
(360Noticias) Tres inspectores de la Municipalidad de Puente Alto fueron detenidos por su presunta participación en el secuestro y tortura de un motociclista. Los funcionarios lo acusaron de un robo que no pudieron acreditar y, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, utilizaron un vehículo y dependencias municipales para retenerlo y agredirlo.
Los hechos ocurrieron el 6 de julio en una estación de servicio de la comuna. Según explicó el fiscal Sergio Ortega, de la Fiscalía Metropolitana Sur, los inspectores abordaron al hombre mientras se encontraba en su motocicleta, lo redujeron mediante golpes y lo esposaron a un vehículo municipal.
El traslado no terminó con su entrega a la policía. De acuerdo con el relato del persecutor, fue llevado a un cuartel municipal, donde volvió a ser agredido. Durante estos hechos, los funcionarios insistieron en atribuirle un robo.
Posteriormente, el motociclista fue abandonado en un sector de tomas de Puente Alto. Las agresiones le provocaron lesiones calificadas como menos graves. La Fiscalía anunció que los inspectores serían formalizados por secuestro y torturas y que solicitaría su prisión preventiva por la gravedad de los hechos.
La detención se concretó en dependencias de la Municipalidad de Puente Alto. La investigación reunió declaraciones y registros de cámaras de seguridad y corporales para reconstruir lo ocurrido.
El caso pone bajo cuestionamiento el control sobre la actuación de los inspectores: la acusación describe el uso de recursos municipales para privar de libertad y golpear a una persona. También plantea preguntas sobre la supervisión de estos procedimientos y las medidas para impedir abusos contra quienes deben recibir protección.
Por su parte, el alcalde Matías Toledo señaló que se abrieron sumarios y que los funcionarios fueron apartados de sus funciones cuando se conoció la denuncia, en julio. Las responsabilidades penales deberán establecerse en el proceso judicial.
