(360Noticias) Mientras cerca de medio millón de viviendas siguen siendo necesarias para cubrir el déficit habitacional del país, la difusión de un registro del Serviu mostrando la entrega de una solución habitacional a una pareja venezolana provocó fuertes cuestionamientos en redes sociales. El episodio volvió a instalar una pregunta incómoda para el Gobierno: ¿cómo se están definiendo las prioridades frente a miles de familias que llevan años intentando acceder a una casa propia?
Un video difundido a finales de septiembre por el Servicio de Vivienda y Urbanización generó una inmediata controversia. En las imágenes se presentaba el caso de una pareja de nacionalidad venezolana que accedía a una vivienda, situación que rápidamente abrió una discusión sobre los criterios mediante los cuales el Estado distribuye sus beneficios habitacionales.
Las reacciones se multiplicaron principalmente en Instagram, Facebook y X. Parte importante de las críticas apuntó a una contradicción política: mientras el Gobierno de José Antonio Kast llegó al poder con un discurso especialmente duro respecto de la inmigración.
El punto adquiere especial sensibilidad porque Chile enfrenta todavía una grave crisis de vivienda. Mientras hay 188.355 hogares allegados, más de 103 mil núcleos allegados hacinados y más de 127 mil viviendas hacinadas que no pueden ser ampliadas.
Detrás de esas estadísticas existen familias que han pasado años viviendo allegadas, arrendando, compartiendo casas con otros núcleos familiares o esperando poder ingresar a un proyecto habitacional.
Promesas que chocan con la realidad
El propio Gobierno de Kast enfrenta dificultades para cumplir sus objetivos habitacionales. El Ejecutivo comprometió 400 mil soluciones durante su mandato. Sin embargo, de acuerdo con el XI Reporte de Política Habitacional de Déficit Cero citado por El País, hasta junio se habían entregado 13.957 viviendas, equivalentes al 3,5% de esa meta. Para llegar a las 400 mil sería necesario elevar considerablemente el ritmo mensual de construcción y entrega.
La contradicción política es evidente entre el discurso de un Chile de propietarios y una realidad donde el déficit continúa siendo gigantesco.
El 26 de agosto, el propio presidente Kast sostuvo durante la promulgación de la ampliación del FOGAES que el objetivo era que Chile volviera a convertirse en “un país de propietarios”. En esa oportunidad, el Ejecutivo amplió mecanismos de apoyo para la adquisición de viviendas y anunció nuevas medidas dirigidas principalmente a sectores medios.
Pero para cientos de miles de familias el problema no consiste en acceder a un crédito hipotecario. Simplemente no poseen ingresos suficientes para comprar una vivienda en el mercado privado.
