Más de 550 trabajadores acusan que desde 2022 se les descuentan cotizaciones previsionales que no habrían sido enteradas a AFP, Fonasa, isapres y AFC. La situación ha dejado a empleados con problemas para acceder a atención de salud, jubilarse, solicitar créditos e incluso realizarse cirugías. Una querella penal y una demanda laboral buscan establecer responsabilidades.
(360Noticias) Una grave denuncia por vulneración de derechos laborales afecta a Pullman Bus, una de las principales empresas de transporte interurbano del país. Más de 550 trabajadores agrupados en el Sindicato Interempresa de Pullman Bus acusan que desde 2022 se habrían descontado regularmente de sus remuneraciones las cotizaciones destinadas a salud, pensiones y seguros, sin que esos recursos fueran posteriormente ingresados a las instituciones correspondientes.
La situación no se reduce a una disputa contable entre una empresa y sus empleados. De comprobarse las acusaciones, se trataría de recursos descontados directamente del salario de los trabajadores y destinados a garantizar derechos básicos como la atención médica, la jubilación, el seguro de cesantía y la protección social.
Según los antecedentes dados a conocer originalmente por el equipo de investigación de Radio Bío Bío, el perjuicio denunciado superaría los $19 mil millones, considerando intereses y multas, mientras que la querella penal presentada por el sindicato cifra inicialmente en aproximadamente $10 mil millones los montos involucrados.
Trabajadores pagan las consecuencias
El impacto se arrastra desde hace años y afecta directamente la vida cotidiana de cientos de familias.
Los trabajadores denuncian que el presunto incumplimiento previsional les ha provocado dificultades para acceder a prestaciones médicas, licencias, hospitalizaciones y tratamientos. En algunos casos, aseguran que el propio sindicato ha debido intervenir para conseguir que se regularicen cotizaciones urgentes y permitir que determinados trabajadores puedan someterse a cirugías.
También existen empleados que tendrían problemas para iniciar o completar su jubilación debido a los períodos previsionales impagos.
El presidente del sindicato, Óscar Barker, explicó que las consecuencias no se limitan al futuro previsional de los trabajadores, sino que se sienten inmediatamente.
“No solo nos han privado de la oportunidad de que nuestros ahorros crezcan en el sistema previsional, generándonos un daño que nos perseguirá hasta el día de nuestra jubilación, sino que en algunos casos nuestros compañeros no han podido jubilarse”.
Las cotizaciones previsionales forman parte de la remuneración de los trabajadores. Su destino está definido legalmente y no constituye dinero disponible para financiar las operaciones de una empresa.
Por esa razón, el sindicato sostiene que lo ocurrido representa una vulneración especialmente grave: los recursos habrían sido descontados desde los propios salarios, pero no habrían llegado a las instituciones encargadas de administrar la salud, pensiones y seguros sociales de los empleados.
Sin salud, sin crédito y con dificultades para comprar una vivienda
Las consecuencias también alcanzarían al sistema financiero.
Según los denunciantes, algunos trabajadores han tenido dificultades para solicitar créditos o demostrar continuidad de ingresos y cotizaciones ante instituciones bancarias. Esto habría terminado afectando incluso proyectos familiares de largo plazo, como la adquisición de una vivienda.
“El no pago de cotizaciones nos ha cerrado las puertas al crédito bancario y a la posibilidad de comprar una vivienda, ya que legalmente figuramos en una precariedad que nosotros no causamos”, afirmó Barker.
El trabajador recibe su liquidación, cumple sus jornadas y ve descontado mensualmente el porcentaje correspondiente a previsión. Sin embargo, según la denuncia, cuando intenta utilizar los derechos asociados a esos descuentos descubre que parte de los recursos no aparece pagada.
Para los trabajadores, esa es una de las dimensiones más graves del conflicto: la precariedad que enfrentan no habría sido provocada por ellos, sino por el incumplimiento que atribuyen a su empleador.
Sueldos atrasados y deterioro de las condiciones laborales
Las dificultades denunciadas no terminarían con las cotizaciones.
Los trabajadores también acusan atrasos reiterados en el pago de remuneraciones, situación que habría alcanzado un momento especialmente crítico durante diciembre, precisamente cuando los gastos familiares aumentan debido a las fiestas de fin de año.
El sindicato afirma que los problemas comenzaron a profundizarse después del fallecimiento en 2021 del fundador de Pullman Bus, Pedro Farías Soto.
Desde entonces, los trabajadores sostienen que se habría producido un progresivo deterioro del grupo: reducción de personal, envejecimiento de máquinas, problemas de mantenimiento, embargo de buses por entidades financieras y empeoramiento de las condiciones laborales.
Pullman Bus llegó a contar, según antecedentes incorporados a la acción judicial, con una flota cercana a 2.500 vehículos, unos 6.000 trabajadores y más de 200 sucursales en el país.
Querella por apropiación indebida
El conflicto ya llegó a tribunales.
El sindicato presentó una querella penal por apropiación indebida dirigida contra los actuales representantes legales vinculados al grupo empresarial.
De acuerdo con los antecedentes difundidos por los trabajadores, la querella sostiene que los montos correspondientes a salud, pensiones y seguros habrían sido descontados mensualmente de las remuneraciones, pero no ingresados de manera regular a AFP, Fonasa, isapres y AFC.
El abogado del sindicato, Christian Gutiérrez, señaló que considerando intereses y multas el perjuicio ascendería a $19.898.587.749.
La investigación judicial deberá determinar ahora la existencia de eventuales responsabilidades penales.
La disputa por las 16 sociedades del grupo
Otro elemento central del conflicto es la estructura empresarial de Pullman Bus.
Los trabajadores sostienen que las operaciones se encontrarían distribuidas entre al menos 16 sociedades, pese a que compartirían representantes legales, domicilios, actividad económica y control empresarial.
La demanda laboral solicita, por ello, que la justicia determine si esas compañías deben ser consideradas jurídicamente como un solo empleador.
El punto no es menor.
Si un tribunal establece la existencia de una unidad empresarial, distintas sociedades podrían responder solidariamente por las obligaciones laborales y previsionales, impidiendo que una empresa alegue falta de patrimonio mientras los recursos permanecen registrados en otra sociedad relacionada.
Los trabajadores califican esta estructura como un eventual mecanismo de “multirut” destinado a fragmentar responsabilidades. Esa acusación deberá ser determinada por los tribunales.
Una deuda que afecta derechos básicos
El caso expone una dimensión particularmente dura de los incumplimientos previsionales: detrás de una cotización impaga no existe simplemente una cifra en una planilla.
Existe un trabajador que puede quedar sin cobertura médica.
Otro que descubre, al momento de jubilarse, que sus ahorros previsionales no fueron ingresados.
Una familia que no consigue financiamiento para una vivienda.
Un empleado que necesita una cirugía y se encuentra con sus cotizaciones impagas, pese a que el dinero fue descontado mensualmente de su sueldo.
“Detrás de cada bus que recorre las rutas de nuestro país hay un trabajador que ha cumplido con su labor esperando que su empleador cumpla con la ley”, señaló el abogado Christian Gutiérrez al describir el conflicto.
Para el sindicato, la discusión es precisamente esa: no se trata de un beneficio solicitado a la empresa, sino de dinero perteneciente a los propios trabajadores y de derechos establecidos por ley.
“No estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo que nos devuelvan lo que es nuestro por derecho propio. La dignidad del trabajador no se negocia”, sostuvo Barker.
Radio Bío Bío informó que intentó obtener una respuesta de la empresa frente a estas acusaciones, pero que hasta el cierre de su publicación del 27 de febrero de 2026 no había recibido respuesta.
Mientras la justicia determina las responsabilidades, cientos de trabajadores denuncian seguir soportando las consecuencias de una situación que toca directamente sus salarios, su salud, sus pensiones y la seguridad económica de sus familias.
