(360Noticias) Gobierno de Kast suma 56 rebajas de condena a violadores y abusadores de menores: nuevo caso revela vínculo del ministro Rabat con colegio involucrado
Una nueva investigación periodística vuelve a poner bajo cuestionamiento la política de rebajas de condena aplicada por el gobierno de José Antonio Kast a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños y niñas. Esta vez, la beneficiada es una mujer condenada a 15 años de prisión por violación y abuso sexual de menores, cuyo caso tiene una conexión directa con el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat.
La controversia está lejos de ser un hecho aislado. Entre marzo y septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia autorizó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad: 29 por violación y 27 por abuso sexual. Una investigación de Radio Bío Bío identificó a 33 de los beneficiados y estableció que todos se encontraban en libertad. Algunos informes de Gendarmería advertían, además, riesgos de reincidencia en determinados condenados.
El nuevo caso fue revelado por Informe Especial de TVN. Se trata de Margarita Angélica Villegas Lagos, de 55 años, condenada a 15 años de cárcel por la violación y el abuso sexual de estudiantes menores de 14 años del Colegio Apoquindo, en Lo Barnechea.
La investigación judicial estableció que Villegas y su marido, Esteban Alonso Moya Godoy, ambos trabajadores del establecimiento, trasladaban a sus víctimas hasta una vivienda ubicada dentro del recinto educacional. Allí cometieron delitos sexuales contra cuatro estudiantes: dos fueron víctimas de violación y otros dos de abuso sexual.
El 17 de abril de 2026, el Ministerio de Justicia, encabezado por Fernando Rabat, dictó el decreto que redujo en 16 meses la condena de Villegas, cuyo cumplimiento original terminaba el 2 de julio de 2027. La medida fue adoptada por orden de la Corte Suprema, después de un proceso judicial en que la condenada reclamó el derecho a obtener el beneficio.
El ministro Rabat había representado a uno de los dueños del colegio
El antecedente que agrega una nueva dimensión política al caso es la participación anterior del propio ministro de Justicia.
Entre 2014 y 2023, las familias de las víctimas mantuvieron una demanda civil destinada a obtener indemnizaciones del colegio, sus responsables y la pareja condenada. Durante ese proceso, Fernando Rabat actuó como abogado de Sebastián Navarrete, uno de los propietarios del establecimiento, oponiéndose a las pretensiones indemnizatorias de las familias.
La demanda inicial ascendía a $6.400 millones. Posteriormente, la justicia estableció una indemnización de $1.600 millones, que terminó reducida a $570 millones por la Corte de Apelaciones, monto confirmado por la Corte Suprema en 2023.
Una práctica reiterada que exige explicaciones políticas
Resulta especialmente delicado que personas condenadas por delitos sexuales contra niños hayan obtenido reducciones de sus penas mientras algunos antecedentes penitenciarios advertían riesgos de reincidencia.
El caso del Colegio Apoquindo incorpora ahora un antecedente particularmente sensible: el actual ministro de Justicia había participado anteriormente en la defensa civil de uno de los propietarios del establecimiento donde ocurrieron los abusos. Una relación profesional legalmente distinta de la rebaja de condena, pero cuya existencia refuerza la necesidad de esclarecer públicamente todos los antecedentes.
