(360Noticias) La intervención de uno de los principales bancos de Paraguay ha desatado una crisis financiera y política de enormes proporciones. Cerca de tres millones de clientes quedaron sin acceso a sus cuentas, mientras unos 380 millones de dólares de fondos previsionales están comprometidos. La indignación se ha trasladado a las calles, donde ahorristas y jubilados exigen la devolución de su dinero y responsabilidades políticas.
Paraguay enfrenta uno de sus mayores escándalos financieros de los últimos años. El cierre de las operaciones de Ueno Bank, dispuesto por el Banco Central del Paraguay tras detectar graves problemas de solvencia, dejó a cerca de tres millones de clientes imposibilitados de utilizar normalmente sus ahorros, tarjetas y cuentas bancarias. La crisis golpea a trabajadores, jubilados y familias que, de un día para otro, perdieron el acceso al dinero depositado en la institución. AP News+1
La magnitud del desastre se expresa en cifras extraordinarias. Ueno Bank mantenía depósitos por aproximadamente 2.836 millones de dólares, mientras que entre los recursos públicos colocados en la entidad figuran cerca de 380 millones de dólares pertenecientes al Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar recursos de jubilación y seguridad social de los trabajadores paraguayos. Estos fondos están comprometidos por la crisis bancaria, aunque todavía no se ha determinado cuánto podría perderse definitivamente.
La noticia provocó indignación y protestas en Asunción. Cientos de personas se congregaron en las calles y frente a instituciones públicas para exigir respuestas. Ahorristas que no pueden retirar su dinero, jubilados preocupados por sus pensiones y trabajadores con sus remuneraciones congeladas expresaron su rechazo a una situación que amenaza directamente su seguridad económica. Las movilizaciones llegaron hasta las inmediaciones del Congreso y del Panteón Nacional de los Héroes, donde se registraron enfrentamientos y dispersión policial. Clarin.com+1
El escándalo también alcanzó al gobierno del presidente Santiago Peña, cuestionado por sus anteriores vínculos empresariales con el grupo propietario del banco. La crisis precipitó la renuncia del presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y abrió investigaciones penales que ya han derivado en detenciones de ejecutivos de la entidad. En las manifestaciones surgieron incluso exigencias de juicio político contra el mandatario. Reuters+1
La intervención bancaria dejó al descubierto graves deficiencias financieras y de supervisión. Según los antecedentes conocidos, el banco había registrado una fuerte caída de su solvencia, junto con irregularidades relacionadas con créditos otorgados a empresas vinculadas a sus propietarios. El caso plantea interrogantes sobre las responsabilidades de quienes administraron, fiscalizaron y autorizaron la exposición de enormes recursos públicos y previsionales a esta institución.
Aunque las autoridades anunciaron que el Fondo de Garantía de Depósitos protegería íntegramente los ahorros de aproximadamente el 97% de los depositantes, la recuperación del dinero no será inmediata. Unos 87.000 clientes con saldos superiores al límite garantizado enfrentan mayor incertidumbre. El Banco Central anunció un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes por depositante, mientras continúa el procedimiento de resolución.
La situación de los fondos jubilatorios resulta especialmente grave. Los recursos previsionales representan años de cotizaciones de trabajadores que esperan contar con ellos durante su vejez. Que cientos de millones de dólares destinados a la seguridad social estén comprometidos por una crisis bancaria ha intensificado la preocupación por la protección del patrimonio previsional.
El caso Ueno Bank ha dejado de ser exclusivamente una crisis financiera. La movilización de los afectados, los cuestionamientos al poder político y las investigaciones contra los responsables han convertido el colapso bancario en un conflicto nacional. En el centro de la controversia permanece una exigencia elemental de los ahorristas y jubilados paraguayos: recuperar íntegramente su dinero y esclarecer quiénes son responsables de haberlo puesto en riesgo.
