(360Noticias) Un nuevo escándalo golpea al gobierno de José Antonio Kast y al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Un narcotraficante beneficiado con una rebaja de seis meses de condena volvió a ser detenido por tráfico de drogas en Arica, dejando en evidencia los graves cuestionamientos a los mecanismos de control y seguridad aplicados por el Ejecutivo.
Se trata del ciudadano venezolano Edixon Escobar García, quien había sido condenado por ingresar ilegalmente a Chile transportando, junto a otras personas, más de 27 kilos de drogas, entre cannabis y cocaína.
Pese a sus antecedentes, el 23 de abril de 2026, el ministro Fernando Rabat firmó un decreto que redujo su condena en seis meses, aun cuando anteriormente se le había negado la libertad condicional por presentar factores de riesgo de reincidencia. Además, registraba sanciones disciplinarias durante su permanencia en prisión.
El resultado fue alarmante: el 30 de octubre, Escobar García terminó nuevamente en prisión preventiva, investigado por otro delito de tráfico de drogas, junto a un ciudadano colombiano.
La investigación publicada por Interferencia revela una situación especialmente grave para un Gobierno que ha convertido la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración irregular en uno de sus principales discursos políticos.
Mientras el Ejecutivo anuncia mayores controles fronterizos y endurecimiento de las políticas de seguridad, su propio Ministerio de Justicia firma decretos que permiten reducir las condenas de personas sentenciadas por narcotráfico, incluso cuando existen antecedentes que advierten sobre riesgos de reincidencia.
El caso plantea serias interrogantes sobre la responsabilidad política del ministro Rabat y los procedimientos utilizados para conceder estos beneficios. También pone en cuestión la coherencia entre las promesas de seguridad del gobierno de Kast y las decisiones adoptadas por sus autoridades.
La contradicción resulta difícil de justificar: mientras se promete combatir al narcotráfico con mano dura, desde el propio Gobierno se autorizan rebajas de condena a personas condenadas por ese delito.
El nuevo episodio se suma a la creciente controversia por las reducciones de penas autorizadas por el Ministerio de Justicia y reabre el debate sobre las responsabilidades políticas y administrativas de quienes adoptaron estas decisiones.
