(360Noticias) En Argentina, el presidente Javier Milei enfrenta creciente descontento, marcado por la proximidad de la primera marcha piquetera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Milei ha sido abucheado en diferentes espacios públicos enrostrándole el empeoramiento de la situación de los argentinos y la derogación de los derechos sociales, como salud, educación entre otros.
La manifestación surge en rechazo al plan de ajuste económico del gobierno de ultraderecha de Milei, que busca hacer frente a una inflación anual del 160%. Sin embargo, críticos argumentan que este plan afectará principalmente a la clase media y baja en lugar de a la “casta política”, como prometió el presidente durante su campaña.
La ministra de Seguridad y excandidata presidencial, Patricia Bullrich, ha diseñado un nuevo protocolo para enfrentar las protestas, provocando tensiones adicionales. Bullrich amenazó con remitir datos de participantes en las protestas a las autoridades competentes y cobrar los servicios de seguridad a los organizadores. Además, la policía actuará ante cualquier interrupción del tráfico, según anunció la semana pasada. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció que quitarán planes sociales a quienes corten calles y negarán reuniones con líderes de las movilizaciones.
A pesar de estas medidas, los líderes piqueteros, como Eduardo Belliboni del Polo Obrero, afirman que la marcha se llevará a cabo, rechazando las “amenazas”. Los manifestantes planean llegar a CABA en trenes y colectivos, con abogados para contrarrestar el plan anti-piquetes de Bullrich. La control de orden público en gran parte recae en la provincia de Buenos Aires, controlada por la oposición y Axel Kicillof, lo que agrega una capa adicional de complejidad.
La estrategia de los manifestantes incluye llegar en transporte público para evitar la fiscalización de buses escolares y asegurar la participación en la marcha. La situación refleja la creciente polarización en Argentina en medio de medidas económicas controvertidas y la respuesta gubernamental a las protestas.
