(360Noticias) Buenos Aires .- Fuerzas federales de Seguridad en Argentina se enfrentan con la ayuda de camiones hidrantes y gases lacrimógenos a manifestantes frente del Congreso en el marco de una gran movilización que rechaza la la ley de Milei “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que debate el Senado.
La Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal intervienieron para asegurar el perímetro del Congreso mientras la cámara alta continúa el tratamiento de la Ley Bases, un proyecto estratégico para el Gobierno que preside Javier Milei para desregular la economía.
Los incidentes comenzaron cuando un miembro de Prefectura lanzó gas lacrimógeno a los rostros de varios manifestantes, entre los que había al menos cinco diputados nacionales, mientras dialogaban de manera pacífica con los agentes.
Los cinco legisladores de la coalición peronista Unión de la Patria, primera fuerza del Congreso, tuvieron que ser hospitalizados: Luis Basterra, Juan Manuel Pedrini, Eduardo Valdés, Leopoldo Moreau y Carlos Castagnetto,
Entre tanto, algunos individuos prendieron fuego a un automóvil estacionado de uno de los medios locales, Cadena 3, a pocos metros del Congreso.
Algunos manifestantea arrojaron fragmentos de baldosas retiradas de la plaza situada frente al Congreso mientras una columna dos camiones hidrantes siguen tirando agua y una nube de gas se eleva sobre la zona, producto de la represión.
“Estamos desde temprano en Plaza Congreso y nos vamos a quedar acá todo lo que haga falta, por eso quiero invitar a las y los trabajadores, a la juventud, a que se sumen a esta movilización”, señalaba a la Agencia Sputnik hace unas horas la legisladora Cele Fierro, diputada de la ciudad de Buenos Aires en el Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT).
La concentración, que durante la mañana ocupó varias manzanas alrededor del perímetro del Congreso, reunió a partidos de izquierda, sindicatos, entidades de derechos humanos, asambleas barriales y movimientos sociales, en una marcha apoyada por las dos centrales sindicales del país: las dos ramas de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) y parte de la Confederación General de Trabajadores (CGT).
A sabiendas de que el Gobierno no tiene garantizada la sanción de la ley, que ya fue aprobada el 30 de abril en la Cámara de Diputados, el oficialismo sigue negociando contrarreloj algunas modificaciones de la normativa.
Tras cinco meses de discusión parlamentaria, los senadores se pronunciarán sobre la ley en términos generales antes de comenzar la votación capítulo por capítulo de la norma.
Para aprobar el texto, el oficialismo renunció a privatizar tres de las once empresas que proponía: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Televisión Argentina.
El Senado puede introducir modificaciones en la normativa, lo que implicaría que el texto volvería a la Cámara de Diputados, que puede insistir en la redacción original o aceptar los cambios introducidos por la cámara alta.
Si el Senado aprueba modificaciones por mayoría simple (la mitad más uno de los votos), Diputados podrá insistir en la misma mayoría para sostener su versión, pero si los cambios son avalados con dos tercios de los legisladores en la cámara alta, la baja deberá reunir la misma cantidad de adhesiones para insistir en el texto original.
Menos voluminoso que el proyecto de Ley Bases debatido en febrero, cuando fracasó su tratamiento al momento de votar cada capítulo, la Ley actual incluye 232 artículos.
La iniciativa parlamentaria del presidente Javier Milei es un proyecto fundacional para la actual gestión por delegar facultades legislativas en el mandatario y habilitar las privatizaciones de empresas públicas.
El texto original también introduce numerosas modificaciones de carácter regresivo, como una reforma laboral, otra impositiva, y un cuestionado régimen para fomentar las grandes inversiones.
La ley declara la emergencia pública por el plazo de un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, sobre las que el presidente tendría facultades legislativas.
La norma también avanza sobre una reforma del Estado que busca disminuir las dimensiones de la administración pública, de manera que se promueve que determinados sectores sean fusionados, escindidos, disueltos o transferidos a los distritos del país.
La norma viene acompañada de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que establece una rebaja del impuesto sobre Bienes Personales (a la renta), y además pretende restituir el impuesto a las ganancias (salarios o ingresos), modificado en el último tramo del Gobierno anterior.
Al estar en minoría parlamentaria, el Gobierno debe negociar con otras fuerzas de la oposición el tratamiento de esta normativa para sortear el rechazo del bloque peronista-kirchnerista, que es la primera fuerza en el parlamento, con 33 senadores en la cámara alta.
La coalición gobernante tiene apenas siete de los 72 asientos del Senado.
En este contexto, el Ejecutivo lleva adelante un importante plan de ajuste para alcanzar el equilibrio fiscal y reducir la inflación, lo que ha llevado a una severa reducción del gasto público y a una licuación de los ingresos en un contexto de recesión. (Sputnik)
