Por Roberto Ávila Toledo
La lectura de la declaración de la Cámara de Diputados de 1973, que absolutamente fuera de sus atribuciones, declaró la supuesta inconstitucionalidad del gobierno del Dr. Allende, es claramente un acto de incitación al genocidio, establecido y sancionado en la ley.
Si algún diputado democrático, con su corte de abogados de cargo fiscal, iniciara acciones judiciales, estarían en lo correcto.
La ciudadanía espera que defiendan la democracia.
La apología del genocidio no es cosa baladí. La apología del genocidio ex ante o ex post es hacerse parte del crimen.
¿Podría alguien decir que el Holocausto judío se justifica porque Goebbels, como ministro, declaró la guerra total en un discurso y leerlo en el parlamento alemán?
Los delitos de las características del genocidio se planifican y despliegan en el tiempo, se crean las condiciones que lo justifican.
Matar, robar, secuestrar, torturar, encarcelar sin causa legal no son cosas aceptadas por la conciencia de los seres humanos. Por ello, la apología del crimen genocida es parte del mismo crimen.
Hay actuaciones ex post del genocidio de la misma manera que el encubrimiento es parte del delito cometido con anterioridad.
No me sumo a quienes quieran limitar la libertad de expresión o el pensar la historia desde una perspectiva distinta. Si alguien, contra natura y en desacuerdo con la opinión pública chilena y mundial, quiere hacerlo, que lo haga.
Pero la lectura de la ilegal declaración del parlamento de 1973 es más que opinar, es decir, volver a decir, que en Chile se puede bombardear el palacio presidencial, matar al presidente e instalar una dictadura.
Esto no se dice en una mesa con mucha cerveza de militares en Punta Peuco. Esto se hizo en el parlamento de un país democrático.
Esto se cometió en un poder del Estado en contra de lo dicho, escrito y suscrito por el Estado de Chile desde 1990 en adelante, con gobiernos de todo signo político.
Esto es tan grave que el que calla otorga.
