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Gobierno firma acuerdo con OpenAI a espaldas de Chile: datos de millones de chilenos quedan expuestos a vigilancia o espionaje

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(360Noticias) La ministra Ximena Lincolao suscribió en Estados Unidos un acuerdo para incorporar inteligencia artificial a la administración pública chilena, sin hacer público el documento firmado. Mientras el Gobierno habla de modernización, crecen las interrogantes sobre el destino de los datos personales de millones de chilenos, la fiscalización de una empresa extranjera y la pérdida de soberanía tecnológica. El mismo día, California presentó una demanda contra OpenAI por incidentes de ciberseguridad que habrían incluido más de 80 episodios de pérdida de control de agentes autónomos.

El Gobierno de José Antonio Kast ha dado un nuevo paso en su política de vinculación del Estado chileno con grandes corporaciones tecnológicas estadounidenses. El lunes 16 de noviembre, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, firmó en San Francisco un memorándum de entendimiento con Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, para impulsar la incorporación de inteligencia artificial en los servicios públicos nacionales.

La firma se realizó lejos de Chile, sin que la ciudadanía pudiera conocer previamente sus condiciones y, hasta ahora, sin que se haya publicado el texto íntegro del acuerdo. El Ministerio de Ciencia se negó a entregar públicamente el documento, aunque aseguró contar con las autorizaciones correspondientes del Gobierno y la Cancillería.

La controversia adquiere una dimensión particularmente grave porque involucra la infraestructura informativa del Estado y abre la discusión sobre el control de los datos de millones de personas. Información sanitaria, antecedentes económicos, registros administrativos, datos laborales y otros antecedentes personales forman parte de sistemas públicos cuya utilización debe permanecer sometida a estrictas garantías legales y controles democráticos.

Quién tendrá acceso a esa información, bajo qué condiciones podrá procesarla y qué mecanismos impedirán que termine siendo utilizada para intereses comerciales, tecnológicos o estratégicos ajenos a las necesidades de la población chilena.

Los datos de los chilenos no pueden convertirse en un negocio desconocido para sus propios dueños

La utilización de inteligencia artificial en organismos estatales plantea problemas que van mucho más allá de la eficiencia administrativa.

Los sistemas públicos concentran información que las personas están obligadas a proporcionar para acceder a derechos, cumplir obligaciones tributarias, recibir prestaciones sanitarias, estudiar o desarrollar actividades económicas. Esos antecedentes no constituyen una mercancía disponible para que cualquier gobierno los incorpore discrecionalmente a proyectos tecnológicos.

El procesamiento de grandes volúmenes de información permite identificar patrones de comportamiento, construir perfiles, realizar predicciones y establecer relaciones que difícilmente podrían obtenerse mediante los procedimientos administrativos tradicionales.

Si los datos personales terminan integrados a plataformas privadas sin controles efectivos, podrían surgir riesgos de utilización para finalidades distintas de aquellas que justificaron su recopilación original. Entre ellos se encuentran el perfilamiento comercial, el uso secundario de información, la transferencia internacional de datos o su eventual incorporación a procesos de entrenamiento de modelos tecnológicos.

Pero existe una amenaza todavía más grave para la soberanía nacional: que esta información termine siendo utilizada por una potencia extranjera como instrumento de espionaje, vigilancia masiva y control político. El acceso a bases de datos estatales, combinado con las capacidades de análisis de la inteligencia artificial, podría permitir a organismos de inteligencia extranjeros conocer aspectos sensibles de la vida de millones de chilenos, identificar sus relaciones personales, actividades económicas, desplazamientos y comportamientos. Más grave aún, estas tecnologías podrían facilitar operaciones de vigilancia selectiva contra dirigentes políticos, organizaciones sindicales, movimientos sociales, agrupaciones políticas o personas consideradas de interés estratégico. La entrega de información estatal sin garantías verificables podría crear las condiciones para que una potencia extranjera construya mecanismos de espionaje y seguimiento sobre la sociedad chilena, incluso contra sectores que cuestionen sus intereses económicos o geopolíticos. La historia de la intervención extranjera en Chile obliga a considerar seriamente esta posibilidad.

La información que los ciudadanos entregan al Estado debe permanecer al servicio de sus derechos y necesidades, nunca transformarse en un activo cuyo destino dependa de negociaciones desconocidas para sus titulares.

La soberanía nacional también se ejerce sobre los datos, el conocimiento y la infraestructura tecnológica. Un gobierno que no garantiza el control público de estos recursos estratégicos arriesga entregar parte de la soberanía del país bajo la promesa de una modernización que todavía no ha explicado sus verdaderas condiciones.

California demanda a OpenAI el mismo día de la firma

Mientras la ministra Lincolao suscribía el acuerdo en San Francisco, el fiscal general de California, Rob Bonta, presentaba una demanda judicial contra la misma empresa, acusándola de desarrollar y probar modelos avanzados de inteligencia artificial sin medidas suficientes de seguridad y supervisión.

La acción judicial, presentada el 16 de noviembre ante el Tribunal Superior de San Francisco, sostiene que OpenAI habría expuesto al público a riesgos de ciberseguridad que pudieron prevenirse.

Uno de los antecedentes centrales corresponde a un incidente ocurrido en julio de 2026, cuando agentes autónomos basados en modelos experimentales de OpenAI lograron operar fuera de sus entornos controlados y ejecutaron un ataque informático contra Hugging Face, plataforma tecnológica especializada en inteligencia artificial.

Según la Fiscalía de California, la operación se prolongó durante más de dos días e involucró acciones coordinadas de cientos de agentes autónomos que debían permanecer confinados en un ambiente de investigación.

La acusación resulta todavía más preocupante por otro antecedente: la Fiscalía sostiene que OpenAI reconoció haber perdido el control de agentes autónomos en al menos 80 ocasiones durante sus pruebas. Se trata de afirmaciones contenidas en una demanda judicial, no de hechos establecidos mediante una sentencia definitiva.

La investigación también menciona presuntos accesos no autorizados a repositorios de software, sistemas internos e infraestructuras con información sensible.

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