(360Noticias) La intervención de Ueno Bank dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y comprometió unos 850 millones de dólares en fondos públicos. El presidente de ultraderecha, que había sido accionista del grupo propietario de la entidad, presentó su renuncia en medio de protestas y acusaciones de corrupción, conflictos de intereses y utilización del aparato estatal para favorecer negocios privados.
Paraguay vive una de sus mayores crisis políticas y financieras de los últimos años. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia este jueves 5 de noviembre, acorralado por el escándalo de Ueno Bank, una institución financiera privada de cuyo grupo propietario había sido accionista y que recibió millonarios recursos públicos durante su administración. La crisis provocó movilizaciones ciudadanas y una ofensiva parlamentaria que terminó alcanzando al propio partido gobernante.
El origen inmediato del escándalo está en la intervención de Ueno Bank, dispuesta por el Banco Central del Paraguay después de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido legalmente. La decisión suspendió las operaciones de la entidad, dejando a aproximadamente 2,9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas, ahorros y salarios.
Pero lo que convirtió esta crisis bancaria en un terremoto político fueron los vínculos patrimoniales del presidente con el grupo empresarial propietario del banco y la enorme cantidad de dinero del Estado depositada en esa institución.
Peña había sido accionista del Grupo Vázquez, vinculado a Ueno Bank, hasta marzo de 2025. Durante su gobierno, la entidad administró cerca de 850 millones de dólares en fondos públicos, incluidos recursos pertenecientes al sistema de previsión social de los trabajadores paraguayos.
Particularmente grave es la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía inversiones por aproximadamente 355 millones de dólares en Ueno Bank. Se trata de recursos vinculados a las jubilaciones y la seguridad social, cuya exposición a la crisis ha encendido las alarmas entre trabajadores y pensionados.
Las calles de Asunción se transformaron en escenario de protestas de ciudadanos que exigían recuperar sus ahorros y establecer responsabilidades. La investigación también alcanzó a altos ejecutivos de la entidad financiera, mientras se ordenaron medidas judiciales sobre bienes vinculados al caso.
Los vínculos entre el poder político y los negocios privados
El caso ha puesto bajo cuestionamiento las relaciones entre el poder político, los grandes grupos económicos y los organismos encargados de fiscalizar el sistema financiero paraguayo.
Un grupo de parlamentarios opositores acusa a Peña de haber favorecido a Ueno Bank mediante decisiones gubernamentales que facilitaron la colocación de recursos públicos y previsionales en la entidad. También cuestionan la actuación de los organismos reguladores, que debían garantizar la seguridad de esos fondos.
Las acusaciones incluyen presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Se trata de denuncias que deberán ser investigadas judicialmente y respecto de las cuales Peña ha negado actuaciones irregulares.
La magnitud del escándalo terminó por fracturar el respaldo político del mandatario. Mientras Peña anunciaba su renuncia, la Cámara de Diputados aprobó por 78 votos el avance del juicio político y rechazó su dimisión para evitar que adquiriera fueros como senador vitalicio. La resolución definitiva quedó en manos del Senado.
