(360Noticias) La administración de Donald Trump abrió un nuevo frente de presión contra Bolivia. Estados Unidos decidió restringir y revocar visas a funcionarios y exautoridades latinoamericanas, entre ellos el fiscal general boliviano Roger Mariaca, precisamente cuando el Ministerio Público que encabeza mantiene abiertas graves investigaciones contra el operador político argentino Fernando Cerimedo.
Washington acusa a Mariaca de corrupción y de haber solicitado o aceptado sobornos para favorecer actividades relacionadas con el narcotráfico y permitir que personas violentas evadieran la justicia. El fiscal rechaza esas imputaciones y sostiene que las medidas estadounidenses constituyen una presión sobre investigaciones que corresponden exclusivamente a las instituciones bolivianas.
La coincidencia política es imposible de ignorar: Mariaca es justamente una de las autoridades que ha confirmado públicamente que la Fiscalía no paralizará las investigaciones contra Cerimedo, narco comunicador argentino vinculado durante años a campañas de la derecha latinoamericana y relacionado políticamente con el universo MAGA de Donald Trump.
Cerimedo permanece con detención preventiva en Bolivia y enfrenta varios procesos. La Fiscalía lo investiga por legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado. Paralelamente existen causas relacionadas con intento de feminicidio de su expareja Nadia Beller que se encontraba embarazada de un hijo en común..
La Fiscalía boliviana también indaga movimientos económicos y eventuales conexiones con otros delitos. Mariaca ha señalado que esas investigaciones continuarán hasta establecer responsabilidades, incluyendo posibles vínculos relacionados con narcotráfico, además de los casos denominados “Combustible Basura”, “Narcomaderas” y “El Crudo”.
Una sanción en medio del caso Cerimedo
Es en este contexto que Washington decide castigar al máximo responsable del Ministerio Público boliviano.
“Este fiscal general no está para agradar a personas, grupos económicos ni dirigentes políticos. Está para cumplir la Constitución, la ley y su responsabilidad con todos los ciudadanos bolivianos”, respondió desde Sucre.
Y agregó una frase que resume su posición frente a Washington: “Cooperación, sí. Injerencia, no”.
Mariaca: las investigaciones continuarán
El fiscal general fue categórico. Las decisiones de un gobierno extranjero, afirmó, no determinarán qué causas puede o no investigar Bolivia.
Mariaca sostuvo que el Ministerio Público continuará indagando el origen de recursos, la presunta legitimación de ganancias ilícitas, las acusaciones relacionadas con Cerimedo y los demás expedientes abiertos.
Cerimedo continúa bajo investigación y detenido preventivamente. Mariaca asegura que no retrocederá. Y la respuesta enviada desde Sucre directamente a Washington fue explícita: las investigaciones bolivianas se resolverán en Bolivia y sobre la base de las pruebas, no de las presiones provenientes de Estados Unidos.
