(360Noticias) La salida de Lucy Depablos de la Dirección Nacional del Servicio Civil se produjo en medio de una indagatoria de Contraloría sobre los antecedentes que justificaron su contratación como experta. El caso abre interrogantes sobre los criterios utilizados por el Gobierno para designar funcionarios con altas remuneraciones y pone bajo escrutinio su discurso de control migratorio.
La activista venezolana Lucy Depablos Chacón se vio obligada a renunciar este miércoles 16 de septiembre al cargo de jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana de la Dirección Nacional del Servicio Civil, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
Su salida se produjo en medio de cuestionamientos por la falta de antecedentes académicos, su experiencia profesional y las remuneraciones que recibió desde su incorporación al organismo. La controversia llegó hasta la Contraloría General de la República, que exigió al servicio entregar la documentación que permitió calificarla como experta.
Un sueldo de $5,6 millones y un título profesional que no ha sido acreditado públicamente
Depablos se desempeñaba bajo la modalidad a contrata. Según los registros de Transparencia recibió aproximadamente $2,2 millones brutos en mayo y julio, mientras que en junio su remuneración superó los $5,6 millones, incluidas las bonificaciones correspondientes.
El organismo fiscalizador recordó que este tipo de contratación exige conocimientos, experiencia o habilidades especiales, debidamente respaldados mediante antecedentes objetivos.
También solicitó conocer si existió algún informe técnico, evaluación curricular u otro documento que fundamentara la decisión. El Servicio Civil dispone de diez días hábiles para responder.
El requerimiento traslada el cuestionamiento hacia quienes autorizaron la designación: qué antecedentes revisaron, cómo evaluaron la experiencia de la funcionaria y qué documentos justificaron tanto su calidad de experta como las funciones asignadas.
El discurso migratorio de Kast frente a sus contrataciones
La controversia también tiene una dimensión política.
José Antonio Kast construyó una parte importante de su discurso de campaña sobre el endurecimiento del control migratorio y las expulsiones de extranjeros en situación irregular.
Durante su Cuenta Pública del 1 de junio de 2026, reiteró que quienes ingresaron clandestinamente a Chile tendrían que abandonar el territorio nacional y anunció un Plan Retorno destinado a incentivar su salida.
En ese contexto, la contratación de una activista venezolana para una jefatura dentro del aparato estatal, con una remuneración que llegó a superar los cinco millones de pesos brutos y con credenciales profesionales aún sometidas a revisión, muestra incoherencia entre el discurso público del Ejecutivo y sus criterios de selección de personal.
