(360Noticias) La contratación de Lucy Depablos, activista venezolana vinculada anteriormente a espacios de la UDI y a campañas republicanas, abrió nuevos cuestionamientos sobre los criterios utilizados por el Gobierno para incorporar personal al Estado. La funcionaria asumió como jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana del Servicio Civil, pese a que en Transparencia Activa no aparece acreditado un título de periodista para ejercer esas funciones. En junio recibió una remuneración bruta de $5.674.752.
Una nueva contratación en el Gobierno del presidente José Antonio Kast vuelve a poner bajo cuestionamiento los criterios utilizados para llenar cargos en la administración pública.
Se trata de Lucy Depablos, ciudadana venezolana que desde marzo de 2026 se desempeña como jefa de Comunicaciones y Participación Ciudadana de la Dirección Nacional del Servicio Civil, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.
El punto que ha llamado particularmente la atención es su formación profesional. En el registro de Transparencia Activa, en el apartado correspondiente a “Calificación profesional o formación”, no aparece consignado un título de periodista. En su lugar, el organismo señala únicamente que posee “más de 5 años de experiencia en comunicaciones institucionales, comunicación estratégica y gestión de contenidos en el ámbito municipal”.
Por tanto, con la información oficial disponible, el Servicio Civil no acredita públicamente que su jefa de Comunicaciones posea un título profesional de periodista, pese a encontrarse a cargo de un área especializada de comunicaciones de un organismo del Estado.
Un pago que llegó a casi $5,7 millones
La controversia aumenta al revisar las remuneraciones.
De acuerdo con los registros de Transparencia, Depablos recibió en junio de 2026 una remuneración bruta de $5.674.752, es decir, una cifra cercana a los $5,7 millones. El caso se suma al del estudiante de primer año de Periodismo Cristóbal Soto, incorporado al Ministerio del Interior con una remuneración de $1,9 millones.
Del discurso contra la migración irregular a una venezolana en un cargo del Gobierno
La nacionalidad de Depablos introduce, además, un elemento político difícil de ignorar.
Durante la campaña presidencial, José Antonio Kast convirtió la salida de migrantes en situación irregular en uno de los ejes más fuertes de su discurso. Su compromiso llegó a ser presentado como la expulsión de alrededor de 300 mil personas que permanecían irregularmente en Chile. Ya instalado en La Moneda, el propio mandatario matizó esa afirmación y sostuvo que la referencia a sacarlos “el primer día” debía entenderse primero como una “metáfora” y posteriormente como una “hipérbole”.
En ese contexto político, resulta llamativo que una administración que construyó buena parte de su discurso electoral alrededor del problema migratorio haya incorporado a una ciudadana venezolana en un cargo directivo de comunicaciones dentro de un servicio público, con remuneraciones que en uno de los meses llegaron a casi $5,7 millones.
Vínculos con la UDI y Republicanos
Depablos tampoco es una figura ajena a la actividad política chilena.
Durante el proceso constituyente de 2022 adquirió notoriedad como vocera de organizaciones de migrantes partidarias del Rechazo. Posteriormente fue vinculada a las Nuevas Generaciones de la UDI y participó en actividades políticas y campañas relacionadas con dirigentes de derecha.
Registros posteriores la muestran también participando en actividades vinculadas a candidatos republicanos. El propio Partido Republicano ha señalado, sin embargo, que Depablos no figura en su padrón de militantes y ha relativizado el significado de fotografías en las que aparece junto a dirigentes de esa colectividad.
El caso deja así varias preguntas pendientes: qué criterios profesionales se utilizaron para su contratación, por qué Transparencia Activa no acredita un título de periodista para quien encabeza las comunicaciones del Servicio Civil y qué explica que su remuneración bruta alcanzara $5.674.752 durante junio.
Preguntas particularmente sensibles para un Gobierno que llegó a La Moneda prometiendo austeridad, mayor rigurosidad en el aparato público y un cambio profundo en materia migratoria.
