por Hugo Farias Moya
En Honduras, después del golpe de estado que realizó la derecha, por intermedio del ejército (cualquier parecido con Chile es mera coincidencia) al presidente constitucional Manuel Zelaya, se sucedieron varios gobiernos conservadores. En el año 2014, mientras gobernaba el país el presidente de derecha Juan Orlando Hernández, se produjo una confrontación entre el poder ejecutivo, el Congreso nacional, también de Derecha, y el poder Judicial.
La constitución política de Honduras, siendo una República, establece la independencia de los tres poderes del estado. Sin embargo, luego de que algunos magistrados votaron a favor de la inconstitucionalidad de la Ley Especial para la Depuración Policial, que tenía enquistada la corrupción en sus filas. Debido a esto, por orden del presidente Hernández, fueron perseguidos, hostigados, sus familias amedrentadas, vigilados. Y por último, la medida más gravosa, la destitución de los magistrados.
Hay que recordar que Juan Orlando Hernández ocupó su cargo como presidente para cometer una serie de fechorías, muchas de las cuales estaban ligadas al narcotráfico y la explotación de mujeres y al trabajo infantil. De hecho, su fortuna creció exponencialmente durante el ejercicio de su mandato. Debido a esto se le investigó en Estados Unidos, donde, luego de ser extraditado, se le condenó a cadena perpetua por narcotráfico y muchos otros delitos. Es decir, Honduras tenía como presidente a un curtido delincuente.
Sigo con el caso de los jueces. Los magistrados que fueron expulsados por el Congreso, no tuvieron defensa legal para su acusación, no existió derecho a abogado, no se les dieron los argumentos de su acusación. Finalmente, no se les permitió apelar. En resumen, el Congreso de Honduras una vez recibida la acusación por parte del presidente y en forma expres fueron sustituidos de sus cargos en dos días. Hay que recordar, además, que cuando se discutía la destitución, el presidente envió tropas del ejército a rodear el palacio para, supuestamente, prevenir protestas callejeras.
Los magistrados expulsados de sus puestos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, sin duda en forma arbitraria e ilegal, eran los siguientes: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira. Una vez que se les expulsó del poder judicial, el peligro a sus vidas no cesó, al contrario. Una vez que no tenían la inmunidad judicial se vieron expuestos a la violación de sus derechos humanos, como personas comunes. Se les vigilaba durante todo el día en sus hogares, sus lugares de visita y después a sus lugares de trabajo, por fuerzas de seguridad. Se les espió sus comunicaciones, tanto a ellos como sus familiares más cercanos.
Debido a todas estas maniobras de amenazas y amedrentamiento, ordenadas por el presidente, narcotraficante y delincuente de Juan Orlando Hernández; los magistrados destituidos recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el estado de Honduras es firmante. Después de 10 años la CIDH finalmente logra dar un veredicto final, dándole la razón y ordenado al estado de Honduras las medidas de reparación.
Con respecto a esta resolución final de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No debería ser el Estado hondureño el que pague la indemnización a los magistrados expulsados, sino todos aquellos personajes que orquestaron y fueron cómplices de este delito. Primero el presidente narcotraficante Juan Orlando Hernández, después los miembros del Congreso, desde su presidente y demás parlamentarios que con su voto permitieron esta arbitrariedad. Por último, también son culpables los miembros del Poder judicial, que avalaron este delito. Todos ellos, deben pagar con cárcel y sus activos económicos para la reparación y el honor pisoteado.
Si esta controversia hubiera ocurrido en Nicaragua, Cuba o Venezuela, los países occidentales o la “civilizada” Europa estarían pidiendo las penas del infierno o la invasión, pero ocurrió en un país que eternamente ha sido invisibilizado por la “Prensa libre occidental”.
Si alguien quiere publicar este artículo en su sitio web, se lo agradezco de antemano
PD. Adjunto a este articulo la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
