La Contraloría General de la República (CGR) dictaminó que la venta de “gas popular”, iniciativa de varios alcaldes a lo largo del país, con el propósito de abaratar los costos, es inconstitucional.
La contraloría se pronunció respecto a la solicitud de los municipios de Lo Prado, Conchalí y Pelarco quienes consultaron “si, ante las particulares condiciones que se han producido por el alza de los combustibles, es posible que las entidades edilicias puedan vender gas a los vecinos de sus comunas”.
La contraloría fue enfática en señalar “las municipalidades podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado (en el Congreso) las autoriza, lo que no ha tenido lugar en la especie”.
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