por Jorge Gálvez (Comisión Política del Partido del Trabajo y Coordinador Nacional del Mov. Soberanistas)
En los últimos años, Chile se ha convertido en un verdadero epicentro de operaciones encubiertas dirigidas contra Venezuela, sin que el gobierno de Gabriel Boric haya tomado medidas para detener estas conspiraciones. Desde la formación paramilitar en territorio chileno hasta el uso del país como base para ataques cibernéticos, la inercia y permisividad de las autoridades chilenas han facilitado acciones desestabilizadoras que atentan contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela.
Uno de los casos fue el polígono de tiro “V-Raptor Adiestramiento” próximo al aeropuerto Arturo Merino Benítez, cerca de la comuna de Quilicura, donde ex policías y ex integrantes de la Guardia Nacional de Venezuela, que no tenían su situación migratoria irregular en Chile, recibieron entrenamiento militar. La existencia en su momento de este centro de adiestramiento, que operó durante mucho tiempo en total impunidad en territorio chileno, puso en evidencia la falta de voluntad para investigar y desmantelar estructuras que abiertamente promueven el terrorismo contra Venezuela.
Otro ejemplo es el caso de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano que, a pesar de haber recibido asilo político en Chile y, por tanto, estar impedido por ley de salir del país, realizó viajes a Colombia y Venezuela con fines conspirativos. Ojeda estuvo vinculado a planes desestabilizadores contra el gobierno venezolano, lo que revela la permisividad y negligencia del gobierno chileno al otorgar refugio a individuos implicados en actividades subversivas. La ausencia de fiscalización sobre sus movimientos no solo demuestra inoperancia, sino que sugiere una preocupante complicidad por parte de las autoridades chilenas, que han permitido que Chile funcione como un santuario para terroristas.
Más recientemente encontramos el ataque cibernético contra el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, perpetrado por Luis Andrés Luces, un neonazi venezolano residente en Chile y seguidor de la ultraderechista María Corina Machado, reafirma la falta de acción del gobierno chileno ante estas agresiones. Este hackeo, destinado a deslegitimar el sistema electoral venezolano, se realizó sin que las autoridades chilenas hasta ahora investiguen o sancionen al responsable confeso, permitiendo que individuos que operan en territorio nacional atenten contra otras naciones
Es sabido que Chile se ha convertido en un caldo de cultivo para ultraderechistas venezolanos, que organizan permanentemente acciones desestabilizadoras contra su país de origen, y que están digitalizadas desde EEUU por el Iván Simonovis prófugo de la justicia venezolana y agente de la CIA. Estas operaciones política van desde “seudos espectáculos” como la actuación de George Harris en el festival de Viña del Mar, hasta grupos paramilitares que actúan impunemente en Chile, donde el gobierno de Boric teniendo todos los antecedentes omiten actuar en su contra, sino que permite que se sigan articulando redes de conspiración y sabotaje, que son evidentes para cualquier simple analista.
Pero ¿por qué el gobierno de Boric no actúa? La respuesta se encuentra en la alineación de su política exterior con los intereses de Estados Unidos y los sectores más reaccionarios de la región, lo que lo lleva a tolerar e incluso favorecer estas acciones contra Venezuela. Mientras Chile se presenta internacionalmente como un país que respeta el derecho internacional, su inacción frente a estos hechos contradice su discurso y lo convierte en un facilitador de agresiones contra un país soberano. La permisividad del gobierno de Boric no es un simple descuido: es una política cómplice que permite que Chile sea utilizado como una plataforma terrorista de agresión contra Venezuela.
