(360Noticias) Una fuerte controversia política se desató tras conocerse que el Presidente José Antonio Kast encabezó un almuerzo en el Palacio de La Moneda junto a excompañeros de la carrera de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La actividad, realizada el viernes 10 de abril en dependencias oficiales del Gobierno, ha sido cuestionada por un eventual uso de recursos estatales para fines de carácter privado.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, el encuentro incluyó un menú compuesto por tartar de tomates, plateada al jugo, puré rústico y vino tinto, lo que ha intensificado las críticas en torno al uso de infraestructura, personal y presupuesto público para una instancia sin carácter institucional claro.
La situación derivó en una denuncia ante la Contraloría General de la República de Chile por parte de los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, ambos del Partido Socialista. La acción busca determinar si el evento fue financiado, total o parcialmente, con recursos fiscales, lo que podría constituir una utilización indebida de fondos públicos.
El requerimiento solicita esclarecer aspectos clave como la naturaleza oficial o privada de la actividad, la lista de asistentes, el uso de salones del Palacio de Gobierno, el personal destinado a la organización, los costos asociados y la eventual existencia de reembolsos por parte de los participantes.
“El Presidente puede reunirse con quien estime conveniente en su vida personal, pero no corresponde que utilice recursos del Estado para financiar encuentros privados”, señaló Manouchehri, apuntando directamente al principio de probidad en el ejercicio de la función pública.
En la misma línea, Cicardini advirtió que, de comprobarse irregularidades, se trataría de un hecho de alta gravedad, especialmente en un contexto donde desde el Ejecutivo se ha insistido en restricciones presupuestarias. “No es aceptable que, mientras se habla de estrechez fiscal, se utilicen recursos de todos los chilenos para actividades de carácter personal”, sostuvo.
El caso instala nuevamente el debate el uso de bienes fiscales, infraestructura estatal y recursos humanos financiados por el erario nacional. La resolución de la Contraloría será clave para determinar si existió una infracción administrativa y eventuales responsabilidades.
