(360Noticias) La economía chilena acumula señales preocupantes bajo el gobierno de José Antonio Kast. Mientras el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconoce que la minería podría caer hasta un 9% durante 2026, las familias enfrentan nuevos aumentos en el costo de la vida y los trabajadores observan cómo se deterioran sus ahorros previsionales. La crisis del Fondo E de las AFP, con pérdidas reales superiores al 10%, vuelve a poner en cuestión un modelo económico donde los riesgos recaen sobre la población y las decisiones financieras permanecen en manos privadas.
El propio ministro de Hacienda reconoce la gravedad de la crisis minera
Las declaraciones del ministro Jorge Quiroz en el Encuentro Nacional del Agro (Enagro) 2026 confirman un escenario económico cada vez más complicado. Según sus nuevas proyecciones, la producción minera nacional experimentaría una contracción de entre un 8% y un 9% durante el presente año, una caída superior al 7% que había anticipado en septiembre.
No estamos hablando de cualquier sector productivo. La minería, particularmente el cobre, constituye uno de los principales pilares de la economía chilena, fundamental para las exportaciones, la inversión y los ingresos fiscales.
El propio Quiroz ha advertido que la contracción minera podría restar alrededor de un punto porcentual al crecimiento económico nacional.
Sin embargo, en lugar de presentar una respuesta convincente frente a esta situación, el ministro ha concentrado sus explicaciones en responsabilizar a las políticas de administraciones anteriores.
Sin embargo, Kast y su equipo económico llegaron a La Moneda prometiendo recuperar el crecimiento, atraer inversiones y terminar con el estancamiento.
El costo de la vida sigue subiendo y los salarios pierden poder de compra
Mientras el ministro habla de inversión, déficit fiscal y grandes proyectos, millones de chilenos enfrentan una preocupación bastante más inmediata: llegar a fin de mes.
Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas muestran que durante septiembre el Índice de Precios al Consumidor aumentó un 0,4%, acumulando una inflación del 4% durante 2026 y del 4,1% en doce meses.
Pero detrás de estos porcentajes existe una realidad especialmente dura para los hogares populares. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 0,6% durante septiembre, mientras que el transporte registró un incremento del 0,9%.
El encarecimiento de la alimentación golpea directamente el presupuesto que las familias destinan a productos indispensables como el pan, las verduras, las legumbres, los lácteos y otros bienes de consumo cotidiano. Aunque no todos estos productos aumentan al mismo ritmo, la tendencia general de los alimentos obliga a destinar más recursos para satisfacer necesidades elementales.
A ello se agrega la política gubernamental sobre los combustibles. El propio Quiroz reconoció que el denominado bencinazo fue una de las decisiones más difíciles adoptadas por el Ejecutivo, justificándola por el gasto fiscal que significaba mantener los mecanismos de contención de precios.
Ahora, nuevas proyecciones apuntan a un incremento cercano a los 90 pesos por litro en el diésel.
El problema es que el combustible no afecta solamente a quienes utilizan vehículos particulares. El diésel participa en los costos del transporte de carga, la distribución de alimentos y numerosas actividades productivas. Por eso, sus aumentos pueden terminar trasladándose a los precios que pagan los consumidores.
La situación del transporte ya refleja estas presiones: el Índice de Costos del Transporte registró un aumento mensual del 2,9% en septiembre.
El escándalo del Fondo E: los ahorros de los trabajadores expuestos a operaciones financieras de alto riesgo
Como si la incertidumbre económica no fuera suficiente, el país enfrenta uno de los episodios más graves de los últimos años en materia previsional.
El Fondo E de las AFP, considerado el más conservador del sistema de multifondos, acumuló una rentabilidad real negativa del 10,39% entre enero y septiembre de 2026.
Solo durante septiembre perdió un 4,92% real.
Las investigaciones periodísticas han revelado que parte importante de estas pérdidas está relacionada con operaciones financieras mediante derivados, especialmente contratos conocidos como swaps, vinculados al comportamiento de las tasas de interés internacionales.
Las estimaciones difundidas sobre el impacto de estas operaciones alcanzan aproximadamente los 7.700 millones de dólares. Es necesario distinguir esta cifra del rendimiento total de los fondos y de las pérdidas efectivamente realizadas, pero su magnitud demuestra la gravedad de la exposición financiera asumida.
Lo más inquietante es que no se trata de un fondo concebido para inversionistas dispuestos a correr grandes riesgos. En él se encuentran personas próximas a jubilarse y trabajadores que buscan preservar sus ahorros.
Aquí aparece una de las contradicciones centrales del sistema de AFP: las administradoras toman decisiones sobre inversiones complejas, mientras las variaciones negativas del patrimonio previsional afectan directamente a los afiliados.
La cuestión de fondo: ¿al servicio de quién está la economía?
La actual situación vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que las políticas económicas de las últimas décadas han intentado postergar: el papel del Estado en la conducción del desarrollo nacional.
Un país que posee algunas de las mayores reservas de cobre y litio del planeta no debería depender exclusivamente de las decisiones de inversión de grandes conglomerados privados y transnacionales para definir su futuro productivo.
Del mismo modo, resulta legítimo cuestionar que los recursos previsionales de millones de trabajadores permanezcan administrados bajo una lógica financiera donde la rentabilidad y la competencia entre administradoras pueden entrar en tensión con la seguridad de las pensiones.
La recesión minera exige fortalecer la capacidad de planificación, inversión y desarrollo tecnológico del país, especialmente mediante una política pública que permita recuperar el dinamismo de Codelco, ampliar el valor agregado de nuestras exportaciones y aprovechar soberanamente los recursos naturales.
La carestía de la vida requiere políticas que protejan los ingresos populares y eviten que los aumentos de costos recaigan desproporcionadamente sobre trabajadores, pensionados y pequeñas empresas.
Y el escándalo de las AFP obliga a discutir seriamente un sistema de seguridad social donde la protección de las pensiones prevalezca sobre los intereses del negocio financiero.
El gobierno de Kast debe responder por la orientación de su política económica y por las medidas que adopta frente a estas dificultades. Las causas estructurales pueden venir de lejos, pero la responsabilidad de gobernar pertenece a quienes hoy ejercen el poder.
Chile no puede continuar con una economía donde las ganancias se privatizan, los riesgos se socializan y las consecuencias de las crisis terminan descargándose sobre los trabajadores.
La discusión ya no consiste únicamente en cuánto crecerá el PIB este año, sino quién controla las principales riquezas del país, quién decide su destino y quién termina pagando cuando las decisiones económicas fracasan.
Porque una economía puede mostrar grandes cifras de inversión y elevados ingresos empresariales sin resolver las necesidades fundamentales de su población. El verdadero desarrollo debe medirse también por la calidad del empleo, la capacidad de compra de los salarios, la seguridad de las pensiones y el bienestar de las mayorías.
