por Jorge Gálvez (Coordinador Nacional del Mov Soberanistas de Chile)
Como veedor internacional presente en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, me veo en la obligación de responder a las recientes declaraciones del exembajador de Chile en Caracas, Jaime Gazmuri. Sus afirmaciones en un medio de prensa nacional, calificando que Venezuela es “técnica y políticamente, es una dictadura”, no solo son falsas, sino que contradicen los hechos verificables que respaldaron la transparencia y legitimidad del proceso electoral.
Además, sus afirmaciones son hipócritas, ya que, al ser consultado sobre si Chile reconocerá como presidente electo a Edmundo González, responde: “No tiene sentido práctico y no nos corresponde (hacerlo). No es el rol de Chile decir quién ganó…”. Sin embargo, los hechos demuestran una constante intromisión del gobierno de Gabriel Boric y su Cancillería en la política interna de Venezuela, sumándose a las estrategias golpistas de los Estados Unidos y de la ultraderecha latinoamericana. Esto contradice el programa con el cual Boric llegó al gobierno, además de contradecir la Constitución chilena, que establece el respeto a la soberanía y la autodeterminación de otras naciones.
Es fundamental recordar que el sistema electoral venezolano es reconocido a nivel internacional por su solidez técnica y transparencia. De hecho, el propio Gazmuri, en conversaciones durante su estadía en Caracas, reconoció que el sistema electrónico venezolano es “imposible de vulnerar”. Estas declaraciones las realizó personalmente ante mí y otros veedores chilenos al coincidir en Caracas en una actividad previa a las elecciones. Los veedores chilenos y de todo el mundo presenciamos todas las etapas del proceso, desde el inicio de la jornada hasta el cierre y auditoría final.
Además, Gazmuri omite deliberadamente que el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la presidencia de Elvis Amoroso, cumplió con cada uno de los procedimientos legales establecidos en la Constitución. Tras los comicios, el presidente Nicolás Maduro compareció inmediatamente ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para presentar toda la documentación relacionada con las elecciones y solicitar una auditoría integral. Esta auditoría, llevada a cabo por la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, ratificó los resultados y certificó la victoria de Nicolás Maduro como legítima e incuestionable.
El TSJ, en un acto de máxima transparencia, citó a los 10 candidatos presidenciales y a los partidos políticos para que presentaran pruebas en caso de detectar alguna irregularidad. Todos los convocados asistieron y ratificaron la validez de los resultados. Sin embargo, el candidato Edmundo González, quien había denunciado supuestas irregularidades, no se presentó y no entregó pruebas que sustentaran sus acusaciones. Más aún, González negó públicamente tener vínculo con la página web de los seguidores de María Corina Machado, que difundió actas electorales falsificadas. Este hecho evidencia la falta de fundamento en las acusaciones contra el proceso electoral venezolano.
Cabe resaltar que estas elecciones fueron realizadas bajo una fuerte observación internacional y nacional, con mecanismos de auditoría en todas las etapas del proceso. La participación del pueblo venezolano fue masiva, reafirmando su compromiso con la democracia y su resistencia ante los ataques externos.
Entonces, surge una pregunta clave: ¿por qué Jaime Gazmuri decide realizar estas declaraciones ahora, meses después de haber sido relevado de sus funciones como embajador?
La respuesta parece estar vinculada a un intento por desviar la atención del reciente escándalo que lo involucra. Según denuncias a la Contraloría General de la República de Chile, Gazmuri continuó recibiendo su salario como embajador, a pesar de haber cesado en sus funciones desde agosto de 2024. En total, habría percibido más de 100 millones de pesos chilenos en asignaciones salariales sin realizar trabajo alguno. Este grave caso de irregularidad fiscal ha desatado una investigación en Chile.
Por último, es importante destacar que las declaraciones de Gazmuri no tienen otro propósito que intentar deslegitimar un proceso electoral que fue completamente transparente y avalado por las instituciones venezolanas y la comunidad internacional que estuvo presente. Su postura, coherente con el gobierno de Gabriel Boric alineado con los EEUU y con los sectores de la ultraderecha, refleja una intención deliberada de atacar la soberanía de Venezuela y su democracia.
El pueblo venezolano y sus instituciones han demostrado, una vez más, que su sistema electoral es un ejemplo para la región. Ni las declaraciones de Gazmuri ni las maniobras de quienes intentan socavar la legitimidad de estas elecciones podrán borrar esta verdad: Venezuela sigue siendo un bastión de democracia popular y resistencia frente a la injerencia extranjera e imperialista.