(Noticias Desbloqueadas)
Perú da lecciones de cómo crear un régimen opresor latinoamericano, en tres sencillos pasos:
1) Declarar ilegal protestar
La Corte Suprema del Perú emitió un fallo que considera la protesta ciudadana como un delito en medio de una gran tensión social en el país andino. Según la sentencia, solo son legítimas la huelga de hambre y la huelga laboral, argumentando que no están reconocidas en la Constitución ni en ninguna otra normativa legal.
El solo acto de manifestarse públicamente ya se constituye en un acto ilícito de connotación penal y si, además, se ejerce poniendo en peligro otros derechos: circulación del transporte público, propiedad privada, la vida y, sobre todo, se afecta el sistema económico del país, ya es un delito con agravantes.
2) Gobierno ilegitimo reprime la protesta con violencia
La CIDH reporta “violaciones graves” de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales en Perú en diciembre de 2022, según su informe presentado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirmó que el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y los militares ante los manifestantes causó un alto número de muertes y heridas por “impactos de armas de fuego”. Los enfrentamientos violentos entre las fuerzas del orden y los manifestantes dejaron más de 60 personas muertas y cientos de heridos, tras la destitución del entonces presidente Castillo. Dina Boluarte, que pasó de vicepresidenta a presidenta, negó el informe y criticó al organismo.
3) Desconocer a la ONU y traer abrir el país a militares extranjeros
El relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica concluyó que el gobierno de Perú usó una fuerza excesiva y desproporcionada durante las protestas de diciembre de 2022, dejando más de 60 muertos y cientos de heridos.
¿Cómo respondió el Congreso peruano?
Como respuesta a estas críticas, el Congreso peruano aprobó la entrada de tropas militares de Estados Unidos para entrenar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en varias regiones del país. Aunque se aclara que esto no implica establecer bases militares extranjeras ni afectar la soberanía nacional.
