Empresa que se adjudicó licitación del litio, figura en paraíso fiscal y tiene querella por evasión tributaria

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[resumen.cl] Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. es una de las empresas que ayer se adjudicó la polémica licitación de explotación del litio y es una de las tantas compañías pertenecientes al Grupo Errázuriz, liderado por Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo de Francisco Javier Errázuriz Talavera («Fra Fra»), conglomerado que según la megafiltración de los Pandora Papers, presenta una sociedad en el paraíso fiscal de Panamá y además está siendo investigado por el Ministerio Público por eventual evasión tributaria.

Adelantándose a la fecha estipulada, Piñera adjudicó la licitación de la explotación del litio el día de ayer miércoles 12 de enero. Las dos empresas beneficiadas son BYD Chile SpA, filial perteneciente a la megaempresa china ByD, que además administra el sistema de buses transporte público de Santiago RED (también licitado por este gobierno) y a Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A., perteneciente al Grupo Errázuriz.

Éste conglomerado, además de tener un eventuales casos de evasión tributaria en Chile, figura en la megafiltración de los Pandora Papers como uno de los grupos económicos con sociedades offshore en paraísos fiscales. Si bien por motivos lógicos toda la atención estuvo centrada en Piñera y su trato en Islas Vírgenes para la compraventa de Dominga -caso por el se encuentra actualmente imputado- no fue la única gran fortuna en aquellos documentos.

Grupo Errázuriz y el SII

El Grupo Errázuriz, liderado por Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del especulador financiero, exsenador y excandidato presidencial Francisco Javier «Fra Fra» Errázuriz Talavera, fue investigado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) en 2014 luego de una querella interpuesta en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por delitos tributarios y aduaneros en relación a la exportación de yodo de la Sociedad Contractual Minera Cala Cala (SCM Cala Cala).

Una publicación de Ciper de octubre de 2021 señala que ésta fue de carácter nominativa y figuraron otros ocho altos ejecutivos, además de Errázuriz Ovalle, representantes de varias otras empresas del grupo.

En concreto, la nota señala que «De acuerdo con el SII, se habría diseñado un plan evasivo de impuestos a través del que SCM Cala Cala vendía yodo con un margen mínimo de utilidad a las empresas del mismo Grupo Errázuriz, las que en calidad e intermediarias revendían el producto a un precio sustancialmente mayor e injustificado a Atacama Chemicals, que era la que finalmente lo exportaba. El esquema, según el organismo tributario, tenía como fin reducir a través de pérdidas la carga impositiva de esas empresas y obtener devoluciones del IVA exportador». Al respecto, Impuestos Internos SII estimó que el perjuicio fiscal ascendía a $48.380 millones.

Un aspecto interesante de la información entregada por Ciper, es que la investigación judicial, que se encuentra a cargo de la unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, continúa abierta.

Pandora Papers

Fue también en 2014 cuando el Grupo Errázuriz, comienza las gestiones para el traspaso de la propiedad de «Fra Fra» a sus siete hijos.

Esta reestructuración  denominada “Protocolo Familiar de los Hermanos Errázuriz Ovalle”, se realizó en conjunto con la consultora española Unilco.

Meses más tarde, en abril de 2015, cuando ya estaba en curso la querella por eventuales delitos tributarios contra Francisco Javier Errázuriz Ovalle y otros ejecutivos del grupo, se instruyó la creación de una fundación en el paraíso fiscal de Panamá: Fairwind Assets Foundation, una fundación de interés privado (FIP). «Las FIP panameñas son bóvedas infranqueables para poner a resguardo riquezas y planificar sucesiones patrimoniales: otorgan total confidencialidad respecto de sus beneficiarios; sus activos no pueden ser objeto de embargo por causa de obligaciones personales de sus integrantes y sanciona con penas de cárcel y multas en dinero a quienes no mantengan reserva sobre sus movimientos y actividades» consigna el citado artículo.

Si bien el reglamento de conformación de la fundación es de naturaleza secreta, es uno de los tantos documentos filtrados en los Pandora Papers y publicados por Ciper y LaBot.

«El documento, fechado el 6 de mayo de 2015, lleva al final el nombre de los siete hermanos Errázuriz Ovalle, aunque no está firmado y podría tratarse de un borrador. En su primer acápite establece: ‘la fundación ha sido constituida para implementar legalmente los acuerdos y decisiones contenidos en el protocolo de los hermanos Errázuriz Ovalle, suscrito en marzo de 2014, con el objeto de ser el vehículo legal que actúe como entidad tenedora de los negocios e inversiones del grupo económico familiar denominado Grupo Errázuriz Ovalle (…) La intención es que la fundación sirva como vehículo para la planificación ordenada y protección del patrimonio de la Familia Errázuriz Ovalle para que los beneficios económicos lleguen a los miembros de dicha familia’.» señala Ciper, confirmando que su objetivo fue constituirse como sociedad en el paraíso fiscal panameño.

Otro de las cláusulas filtradas señala: “La distribución de capital del patrimonio fundacional deberá repartirse a los siete beneficiarios en partes iguales”, establece uno de los mandatos del reglamento. También se estipula que “los beneficios, el capital y toda distribución del patrimonio fundacional o del producto de la renta de la fundación no podrán ser objeto de ninguna medida precautoria, secuestro o embargo, a menos que sea por deudas de la fundación”.

Ésta, cobra relevancia, señala Ciper, «a la luz de los líos tributarios que en Chile envuelven los negocios del grupo Errázuriz. A la querella que interpuso en 2014 el SII se suma otra del mismo organismo en 2018 por declaraciones maliciosamente falsas contra cuatro representantes legales de Cidef Comercial S.A., misma empresa que figura en el libelo anterior junto a otras del grupo. Tres de las cuatro personas involucradas en esta nueva querella también fueron incluidas en la primera. En este proceso las diligencias están en manos de la Fiscalía Oriente. En el escrito, el SII los acusa de ‘registrar y declarar costos y/o gastos falsos en el Formulario 22 sobre Declaraciones de Impuestos a la Renta, de la sociedad Cidef Comercial S.A., en el año tributario 2013 (…) lo que generó un perjuicio fiscal ascendente a $2.433 millones’. El mecanismo utilizado, según Impuestos Internos, fue el de pagar millonarias asesorías tributarias presuntamente falsas a otras dos empresas del grupo, las que fueron declaradas como gasto reduciendo así la base imponible y una disminución ‘indebida» del impuesto de primera categoría que debía pagar Cidef.» concluye.

Para concluir, el Estado le entregó la licitación del litio a un grupo económico que está siendo investigado por deberle dinero al Estado, que además fue constituido en un paraíso fiscal precisamente para evitar pagar los correspondientes tributos al mismo Estado.

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