(360Noticias) Actuando en conjunto, el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, y la alcaldesa de Providencia, doña Evelyn Mathei, anuncian que dejará de existir la Plaza Baquedano.
Esto no es simplemente un reacomodo de un diseño urbanístico, es el afán por borrar de la memoria el recuerdo del alzamiento popular de 2019 y evitar que la ciudadanía pueda autoconvocarse nuevamente en dicho lugar.
Tampoco repondrán el monumento del General Baquedano, pues temen que en algún momento el mundo popular estudie con más detención la historia de Chile y desentierre la verdad evidente de que nuestras riquezas naturales del norte del país, que son básicamente el cobre y el litio, fueron defendidas por este general y el pueblo chileno en armas.
Cobre y litio que ellos regalan y ofrecen al capital extranjero a cambio de viles prebendas personales.
Si fueran inteligentes, no harían esto. Están como don Otto vendiendo el sofá. El pueblo se va a autoconvocar de nuevo.
Todo esto tiene un mar de fondo. Ningún proceso de restauración conservadora, como el que estamos viviendo, deja de intentar borrar la historia.
No es casualidad que en los últimos 30 años de implantación del neoliberalismo en Chile se sacaran de los currículos de las escuelas públicas los ramos de filosofía e historia.
El ejército de Chile quemó libros en las calles, purgó bibliotecas públicas, prohibió autores y encarceló libreros por vender textos que ellos rechazaban.
Siempre se busca borrar la historia.
En Argentina, en 1955, luego del derrocamiento del gobierno popular de don Juan Domingo Perón, se prohibió mencionar su nombre. De ahí viene la frase de un conocido tango que dice: “¿Te acuerdas, hermano, de aquellos tiempos cuando el que te dije hablaba en el balcón?”. Cuando ese tango se hizo popular, el pueblo lo aplaudía de manera especial.
Todo sistema de dominación quiere que los oprimidos nunca sepan que existieron otros antes que ellos, que lucharon, que se rebelaron, que se puede y se consiguen éxitos.
En el caso del alzamiento popular de 2019, hay un enorme éxito que no se contabiliza, pero que es resultado directo de este, y ese es la existencia de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Sebastián Piñera, susceptible de muchas críticas pero que de tonto no tiene un pelo, percibió que había que hacer algo para mantener el sistema, que no bastaba con balas, gases y encarcelamientos. Y por eso diseñó e implementó a toda máquina la Pensión Garantizada Universal, PGU. Su mayor obsesión en sus últimos días de gobierno era que algún chileno saliera con un cheque o recibiera una transferencia de la PGU, que nada pudiera borrar que era su obra.
Sí, él lo hizo y eso no se puede desconocer, pero esa súbita veta solidaria de justicia no habría existido sin el alzamiento popular de 2019.
El alzamiento popular de 2019 puso en cuestión la Constitución de Pinochet de 1980, y esta tambalea y, a pesar de todas las usurpaciones de la voluntad popular, de las tonterías planteadas por gente que asumía tareas para las cuales no estaba preparada, a pesar de todo ese engendro jurídico tiene los días contados.
La Corte Suprema, que no es precisamente un baluarte de la justicia social, ha ordenado a las isapres devolver miles de millones mal habidos. Esto venía ocurriendo desde siempre, ahora la jurisprudencia cambia.
Hay un mar de fondo. Durante 30 años buscaron hacer política sin el pueblo. Fue una suerte de despotismo ilustrado del Tercer Mundo y no les resultó.