(360 Noticias) La convocatoria para los días 9 y 10 de enero a marchas violentas en diversas ciudades de Chile, promovida por venezolanos residentes, muchos de ellos en situación irregular, ha generado preocupación en la ciudadanía. Estas protestas coinciden con la fecha en que el presidente Nicolás Maduro asumirá un nuevo mandato en Venezuela. Entre las convocantes esta la seudo embajadora de Guaidó, Guarequena Gutiérrez.
El recuerdo de los disturbios registrados en el Parque Almagro, donde sectores de la comunidad venezolana, junto con la derecha chilena, destrozaron gran parte del espacio público, sigue latente. Aquella jornada dejó un alto costo en reparaciones y un profundo malestar entre los vecinos. La violencia no se limitó a Santiago, sino que se replicó en al menos 16 ciudades como Viña del Mar, Concepción, Antofagasta y La Serena, marcando un patrón de desorden y destrucción que preocupa por su eventual repetición.
En Santiago, el municipio dirigido por el derechista Mario Desbordes parece ser cómplice de estas acciones. Elegido con el apoyo significativo de votantes venezolanos radicados en la capital, Desbordes ha sido duramente cuestionado por su inacción frente a los reiterados actos de violencia y desorden provocados por grupos de venezolanos en el Barrio Meiggs. Las calles de este sector, otrora un centro comercial emblemático, hoy son testigos de una creciente inseguridad y actividades delictivas que no encuentran freno en las políticas municipales.
La situación plantea un desafío no solo en términos de seguridad pública, sino también en el debate sobre la regulación migratoria. A pocos días de las convocatorias, se espera que las autoridades tomen medidas preventivas para evitar que la violencia nuevamente marque el itinerario de estas jornadas. Sin embargo, la complacencia de ciertos sectores políticos, como el municipio de Desbordes, parece allanar el camino para el caos y la destrucción en las calles.
Chile sigue siendo rehén de los actos violentos promovidos por un sector de la comunidad migrante venezolana, que pone en jaque la tranquilidad de las ciudades y la confianza en las instituciones.
