Por Roberto Ávila Toledo
Cuándo se presentó el proyecto constitucional Baradit-Pikachu, este contenía la propuesta de la autonomía política y financiera de las regiones.
Era transformar a Chile en un país federal, lo que no se condecía con nuestra tradición exitosa de Estado unitario y centralizado.
Conociendo nuestra historia y los desastrosos efectos que estas tesis han tenido en países como Argentina y España, algunos advertimos los riesgos que estas contenían y rechazamos, aunque no solo por esto.
La administración más desastrosa de recursos públicos se encuentra a nivel de los municipios. La autonomía financiera de las regiones era transformar a los gobernadores en una suerte de presidente de la república, chicos, y nuestro país no está preparado para eso.
Lo dijimos con suavidad, para no ofender a nadie, pero a partir del conocimiento de los actores políticos concretos en las regiones.
Como se sabe, el proyecto constitucional fue rechazado por una amplia mayoría de los chilenos, lo que no puede adjudicarse a la derecha. Ese sector político no ha tenido nunca en nuestra historia un respaldo electoral de tal envergadura.
Lamentablemente y quizás dolosamente, el gobierno se desentendió de la voluntad popular y rechazado del proyecto constitucional volvió a insistir en él a partir de maniobras propias de una federación estudiantil.
Así es como, en la ley de presupuesto elaborada por la dirección de presupuesto, que la dirige doña Javiera Martínez, se aumentó significativamente la glosa de asignación regional a las fundaciones y se estableció que no se debía rendir cuentas al gobierno central, y ya no se pagaría a medida que el trabajo encargado avance, sino todo en efectivo y de inmediato, y que el solo acto de la entrega del dinero se entendía como ejecución de lo encargado.
La ley de presupuesto pasa por la aprobación del parlamento y como ciudadano cabe preguntarse: ¿Cómo lograron hacerle este gol de media cancha?
Ninguna de las hipótesis posibles de formularse como respuestas es buena para el parlamento. Son unos negligentes que no leen o no entienden lo que votan o, peor aún, querían que esto pasara.
El caso es que las defraudaciones masivas en las regiones alcanzan ya, según audios filtrados por la prensa, la suma de 50,000 millones de pesos. Esto es casi tres veces el fraude de Carabineros.
Para empezar, solo para empezar, el gobierno debe destituir a la directora de presupuesto doña Javiera Martínez; si no lo hace, quiere decir que respalda su gestión.
El gobierno y el frente amplio hacen como si nada hubiera pasado, lo que recuerda ese libro de Hanna Arendt “La banalidad del mal”.
Anuncian un nuevo partido político unificado para seguir “sirviendo” al país.
O tienen una ingenuidad patética o un narcisismo sin medida que los lleva a pensar que pueden hacer tontos a todos los chilenos.
Hay un delito que se llama administración dolosa del mandato, es decir, ejercerlo en doloso perjuicio del mandante.
