Andrés Figueroa Cornejo
Este 11 de enero, el pueblo de Juliaca, en Puno, región sur del Perú, recorrió las calles de la localidad de pobres y explotados, llevando sobre sus hombros los 17 ataúdes donde van los restos de las víctimas de la matanza ejecutada por policías y militares el pasado 9 de enero. Todos fueron abatidos por armas de fuego. La responsabilidad de este crimen, que de doler, pues duele hasta el aliento, es del régimen golpista y oligárquico de Boluarte y del Estado corporativo estadounidense, custodio del capitalismo colonialista impuesto a los países latinoamericanos.
La lideresa del Movimiento de Mujeres Todas Somos Micaela, Gony Sosa, señaló que todos los movimientos populares de provincias y departamentos se están coordinando para realizar una gran caminata con el propósito de sitiar Lima, exigiendo la renuncia de Dina Boluarte. La acción se denomina Segunda Marcha de los Cuatro Suyus, porque la primera se hizo contra el dictador y genocida Alberto Fujimori, y Sosa fundamentó que un 90 por ciento de la gente rechaza a Boluarte.
Gony Sosa explicó que el 2023 tienen que renovarse todas las concesiones de las compañías multinacionales que explotan los bienes comunes, como el petróleo, el oro y el gas, y que Pedro Castillo comunicó que las empresas que no paguen tributos no podrían continuar con la expoliación. Para la dirigenta feminista, este es un factor clave para comprender el golpe de Estado.
Por otra parte, el Presidente del Consejo de Ministros del gobierno ilegal, Alberto Otárola, este martes 10 de enero, tras la matanza en Juliaca, acusó a todos los ciudadanos que se manifiestan contra la dictadura de ser terroristas, pagados por el narcotráfico y que el gobierno no permitirá que ingresen a la ciudad de Lima. Inmediatamente después se impuso el toque de queda en Puno.
Paralelamente, el Ministerio Público inició una investigación preliminar contra Dina Boluarte por genocidio, homicidio y heridas graves en las manifestaciones sociales que comenzaron hace más de un mes, desde la vacancia de Pedro Castillo como mandatario, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
La Fiscalía informó que miembros de su gabinete, como Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Rojas, y el ministro de Defensa, Jorge Chávez, también serán investigados. Distintos líderes de opinión hacen votos para que la iniciativa jurídica resulte objetiva y sancione a los responsables.
Mientras, este 11 de enero se produjeron diversas protestas en el país, pidiendo la salida de Boluarte, el cierre del Congreso golpista y la realización de nuevas elecciones generales. Todas fueron ahogadas por la policía militar, aunque resultó especialmente dura la represión en el Cusco, donde los uniformados emplearon balas contra los manifestantes.
En el Callao, Lima, desde las 18Hrs comenzó una vigilia «por los asesinatos perpetrados por Dina Boluarte y el gabinete Otárola apoyados por el Congreso y los medios de comunicación capitalinos». Y para el jueves 12 de enero, a las 17Hr, la Confederación General de Trabajadores del Perú convocó a una movilización en la Plaza Dos de Mayo, en Lima, que dice «¡Cierre del Congreso, ya! ¡Nueva Constitución! El Perú en pie de lucha ¡Fuera Dina Boluarte, asesina! ¡Renuncia de la mesa directiva del Congreso! ¡Abajo la represión criminal!»
