(360Noticias) En Bolivia, el gobierno del presidente Luis Arce, heredero político de Evo Morales y del Movimiento al Socialismo (MAS), ha dado un giro dictatorial que preocupa cada vez más a diversos sectores sociales y políticos de Bolivia y el mundo. La reciente orden de captura contra el expresidente Morales, junto con la prohibición de participación política a movimientos vinculados a él y la militarización de la represión contra las protestas sociales, han encendido las alarmas sobre el colapso del Estado de Derecho en el país andino.
El senador Leonardo Loza, figura destacada del movimiento “EvoPueblo”, denunció que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha iniciado una campaña de exclusión política contra toda organización que tenga vínculos con el Trópico de Cochabamba o con Evo Morales. “En el fondo ya no existe un Estado de Derecho en Bolivia”, sentenció Loza, en una declaración que refleja la gravedad del momento político.
Según Loza, el objetivo del oficialismo es impedir por todos los medios la participación de Evo Morales y sus bases sociales en los próximos procesos electorales. “Quieren proscribirnos, silenciarnos y quitarnos el derecho a representarnos políticamente. Lo que antes fue una persecución en tiempos de Jeanine Áñez, hoy se ha institucionalizado y se ha perfeccionado bajo el gobierno de Luis Arce”, afirmó.
La criminalización de la protesta social es otro de los síntomas del endurecimiento represivo. “Todo dirigente que marcha, protesta o reclama es detenido, procesado o encarcelado”, denunció Loza, calificando la situación como “peor que en tiempos de la señora Áñez”. Recordó que varios miembros de la Federación Trópica han sido detenidos simplemente por ejercer su derecho constitucional a la protesta.
A esta escalada autoritaria se suma la presencia activa de las Fuerzas Armadas en la represión de movilizaciones sociales, marcando un quiebre con los principios democráticos que deberían regir en un Estado de Derecho. En lugar de propiciar el diálogo y la reconciliación nacional, el gobierno de Arce ha optado por el camino de la fuerza y la exclusión.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, han avalado públicamente acciones legales contra Morales. Pero fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo Siles, quien lanzó una advertencia aún más directa:
“Vamos a pedir la aprehensión de Evo Morales y todos los que resulten responsables, autores, coautores, cómplices o encubridores; siempre y cuando no se presenten a declarar como corresponde.”
Estas declaraciones, lejos de apaciguar el conflicto, alimentan la percepción de que el aparato judicial está siendo instrumentalizado políticamente para eliminar a los adversarios internos del gobierno y consolidar una hegemonía absoluta.
En este contexto, el dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Vicente Choque, envió un potente mensaje de resistencia a los manifestantes movilizados en las carreteras de todo el país:
“A todos los puntos de bloqueo, compañeros y compañeras, debemos resistir. Este es el último ataque del gobierno corrupto con la policía y fuerzas armadas. Ya no tienen gases, no tienen comida y están utilizando a los soldados como carne de cañón. A los padres y madres del campo que tienen hijos en el cuartel, llámenlos a sus casas, que defiendan a su pueblo y no sean cómplices de la masacre que ha instruido el gobierno contra sus hermanos y hermanas.”
Choque también denunció los intentos de intimidación orquestados por el oficialismo para desmoralizar la resistencia indígena campesina:
“El gobierno corrupto quiere intimidarnos… pero no tenemos miedo y no van a poder ganar al movimiento indígena campesino. Resistiremos y venceremos para salvar Bolivia.”
El pueblo boliviano resiste y denuncia, en medio del cerco represivo, la traición de quienes llegaron al poder prometiendo justicia social y hoy lo usan para aplastar a sus propios compañeros de lucha.
