Un grupo de congresistas de Estados Unidos pidieron al secretario de Estado, Antony Blinken,
ampliar la investigación sobre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por cuestiones “más atroces”.
La OEA actualmente investiga a Almagro para determinar si violó el código de ética de la
institución al mantener una relación con la funcionaria Marián Vidaurri, quien lo asesoraba en
sus funciones, con quien viajó al menos 34 veces en dos años en desplazamientos de trabajo, según una serie de documentos de la organización
Los ocho legisladores del ala progresista del Partido Demócrata enviaron una carta a Blinken, y
al embajador estadounidense ante la OEA, Francisco Mora.Allí afirman que el “alcance” de la investigación por el vínculo con la funcionaria “es totalmente insuficiente”. “De hecho, hemos tenido conocimiento de otras acusaciones muy creíbles que implican actos ilícitos mucho más atroces y perjudiciales”, argumentan.
Por un lado, apuntan a que en 2018, altos funcionarios de la Misión Contra la Corrupción y la
Impunidad en Honduras (Maccih), patrocinada por la OEA, “renunciaron a sus cargos y
acusaron públicamente” a Almagro de abandonar la misión y “debilitar su labor en un
momento en que se enfrentaba a graves ataques y el partido gobernante del país e impedía
llevar a cabo su mandato”.
Funcionarios de la Maccih afirmaron que el secretario general de la OEA tenía un “pacto de
impunidad” con el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (ahora preso en
Manhattan “a la espera de juicio por cargos de narcotráfico y armas”, según la carta).
Por otro lado, los funcionarios “expresaron su preocupación por el manejo de las finanzas de
la Misión” por parte de la oficina de Almagro.
El texto de los congresistas recuerda también que en octubre de 2019, el uruguayo y otros
altos funcionarios dela OEA sugirieron en declaraciones –desacreditadas por “estudios
expertos”–que “se había producido fraude electoral” en las elecciones de Bolivia y de esta
manera se “exacerbó una grave crisis política y la destitución forzosa del presidente electo del
país”.
Luego, en 2020, los comisionados habían decidido por unanimidad prorrogar el mandato de
Paulo Abrão en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Almagro “se negó
abruptamente a renovar el contrato”. Esta decisión fue “denunciada por líderes de derechos
humanos”-“Dentro de la comunidad de derechos humanos de la región, se sospechó ampliamente que la actuación de Almagro se había llevado a cabo en nombre de gobiernos regionales resentidos por las denuncias de la comisión”.
Almagro “citó denuncias de trabajadores para justificar su decisión”, según los congresistas,
pero el “tribunal administrativo de la OEA cuestionó su veracidad” y dictaminó que la
destitución de Abrão fue injusta.
Finalmente, de acuerdo a la carta de los legisladores demócratas, en 2020 Almagro “despidió
al Director del Departamento de Democracia Sostenible y Misiones Especiales de la OEA
Steven Griner”, que tenía 27 años de carrera en el organismo.
“Al parecer, la decisión de destituir al Sr. Griner se debió a una queja presentada por un
funcionario estadounidense nombrado por el presidente Trump”.
El tribunal administrativo de la OEA “falló a favor de la reincorporación de Griner”.
“Cada una de las supuestas irregularidades citadas es extremadamente preocupante y podría,
por sí sola, constituir motivo suficiente para sancional al Sr. Almagro y destituirlo de su
cargo”, dice el comunicado.
“Como principal contribuyente financiero a la OEA, nuestro gobierno debe garantizar que los
dirigentes de la organización rinden cuentas plenamente de cualquier violación de las normas
éticas de la organización y de los principios que guían su misión”, alegaron los congresistas.
Los ocho legisladores son: Henry C. Johnson, Jr; Susan Wild; Cori Bush; Ilhan Omar; Jan
Schakowsky; Ayanna Pressley; Rashida Tlaib; y Eleanor Holmes Norton.
