Jorge Gálvez (ex dirigente del FPMR hoy integrante del Partido Igualdad)
En una discusión política sobre la realidad nacional e internacional, un compañero hizo una reflexión, que me pareció muy interesante, afirmó que el primer caso “lawfare” habría sido el juicio contra el ex Senador Jorge Lavandero, aquella reflexión me motivo escribir este artículo.
En el siglo XXI hubo un cambio de la táctica neocolonial del imperialismo para generar golpes de estados “blandos” o “por goteo”, o simplemente sacar del camino a dirigentes populares, de izquierda, progresistas, patriotas revolucionarios de América Latina y del mundo.
En este marco se comenzó a conocer el término “lawfare” “La palabra combina los términos law (‘ley’, ‘derecho’) y warfare (‘guerra’, ‘conflicto’), y se traduce del inglés como ‘guerra jurídica’.
El imperialismo estadounidense y las corporaciones del capital financiero, usaron a sus lacayos, elites locales, medios de comunicación y poder judicial, para dar muerte política a sus adversarios, que no se subordinaban a las órdenes del imperio. El “lawfare”, busca la muerte política y legal de los dirigentes que buscan recuperar las soberanías de las naciones subordinadas.
Lo anterior se ha profundizado en el marco de la crisis hegemónica de los EEUU, ante nuevos liderazgos que surgen con un claro interés soberanistas, las elites imperiales usan el lawfare para iniciar procesos “legales” y así inmovilizar políticamente a dirigentes políticos o personeros públicos de nuestros países.
Qué es el “lawfare”
El coronel de la fuerza aérea norteamericana, Charles Dunlap definió el lawfare como “la estrategia de usar (o incluso mal-usar) la ley como sustituto de los medios militares tradicionales para lograr un objetivo operativo”. El Profesor sudafricano Jean Comaroff (2001) definió al lawfare como “el recurso a instrumentos legales, a la violencia inherente a la ley, para cometer actos de coerción política”.
Valeria Vegh Weis de la Revista Pensamiento Penal señala “como ley del imperio, el lawfare implica el despliegue de la ley por parte de los estados más poderosos en el marco de la planificación, ejecución y legitimación de sus polémicos objetivos militares”. Vegh Weis
Vegh Weis agrega “el lawfare sustituye el uso directo de la fuerza y la “muerte física” como opción principal y, en cambio, opera a nivel institucional con miras a la “muerte jurídica y política” del o la disidente. La “muerte política” procura erosionar la imagen pública y caudal electoral del perseguido/a judicialmente, deslegitimarlo/a y convertirlo/a en los causantes de todos los males del país.”
Weis sentencia “Consiste en usar el sistema judicial de un país con fines partidistas, contrarios a la separación y la independencia de poderes y de las provisiones del Estado de derecho”. Asi usa la manipulación del sistema legal para abrir procesos sin pruebas, influir y sembrar confusión entre la opinión pública.”
Jorge Lavandero el primer laboratorio del “lawfare”
A pesar que las acusaciones, el desprestigio, incluso actos judiciales contra dirigentes sociales y político han existido en casi toda época, la primera vez que se usó este mecanismo de “golpe blando”, en el marco de una metodología bien trazada y en un acto premeditado de las elites financieras, fue en Chile, precisamente en el caso del ex Senador Jorge Lavandero, quien dice “fui víctima de un complot y montaje político, judicial y comunicacional para silenciarme, sin el debido proceso”.
Detrás de todo este montaje estuvo el ex presidente Ricardo Lagos, al empresario Andrónico Luksic, Francisco Huenchumilla y todo el aparataje del Canal 13, todos en función de un complot en contra del exsenador. Pero los actores principales detrás de este primer “lawfare”, estuvieron las grandes transnacionales del cobre, cuyos intereses en Chile son multimillonarios.
Jorge Lavandero era un senador con mucha influencia en el Senado y en el país, y que estaba en un franco proceso de transformase en el candidato presidencial de la izquierda chilena. El temor al propósito de Lavandero de nacionalizar los recursos naturales, entre ellos el Cobre, hizo movilizar con urgencia al capital financiero, que convocó a sus lacayos nacionales, para sacar del camino a tan peligro liderazgo, que apuntaba la recuperación de la soberanía en Chile. Las consecuencias de aquella acción, permitió sacar del escenario político a Lavandero, pero además, permitió una arremetida aun más profunda del saqueo de nuestros recursos naturales, hasta la actualidad.
El arma del imperio para golpear a los presidentes progresistas y de izquierda en América Latina
Posteriormente el lawfare se ha aplicado en el 2016 a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue condenada en un juicio político por supuestamente manipular los presupuestos del Estado. Luego el 2017 la vicepresidenta y entonces senadora argentina Cristina Fernández de Kirchner vio la apertura de múltiples causas judiciales en su contra, la mayoría por corrupción, en un proceso que todavía continúa.
En Colombia en 2018 se emitieron órdenes de captura internacional contra el exjefe de las FARC, Jesús Santrich, por narcotráfico, pero un año después quedó en libertad por falta de pruebas. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue condenado por un delito de corrupción en el 2018 y después sería inhabilitado para ocupar cargos públicos.
El actual presidente de Brasil Lula da Silva en el 2018 fue acusado y condenado por aceptar sobornos, corrupción y blanqueo de capitales mientras estaba en el poder, pero un juez de la Corte Suprema, anuló las sentencias en 2021, por considerar que tanto la fiscalía como el juez, no habían actuado de manera imparcial.
En Chile se puede ver el mismo libreto en caso de ex presidenciable Marco Enríquez-Ominami, y en los diversos intentos contra el ex candidato a las primarias, el militante comunista Daniel Jadue. No cabe duda que estas acciones se aplicaran a todo liderazgo en Chile que intente recuperar la soberanía nacional, y busque un proyecto emancipador que nos una a los procesos latinoamericanos populares.