por Jorge Gálvez (Dirigente Movimiento Soberanistas y Presidente de la UBP)
Camila Vallejo, vocera del Gobierno de Gabriel Boric, dejó entrever una profunda inconsistencia política al referirse al asesinato del joven Alonso Verdejo Bravo. Durante sus declaraciones, Vallejo afirmó: “El Ejecutivo se ha querellado para que puedan esclarecerse los hechos y aplicar las sanciones respecto a la persona que falleció. Tenemos hasta el momento la información de que sucedió fuera de la romería, más cercano a un metro, y desconocemos si el origen fue por robo o por una riña…”. Estas palabras no solo revelan una falta de claridad sobre los hechos, sino también un intento de despolitizar el asesinato de un joven que participaba en una manifestación en conmemoración del golpe de estado del 11 de septiembre.
Al sugerir que el crimen pudo haber sido el resultado de un robo o riña, Vallejo desvincula el asesinato del contexto político en el que ocurrió, despojando al gobierno de la responsabilidad de garantizar la seguridad de los manifestantes ante amenazas fascistas. Esta postura no solo minimiza el hecho, sino que también permite una narrativa en la que la víctima, un joven manifestante, es retratado como partícipe en un evento ajeno al objetivo de la marcha. En lugar de reconocer el carácter político del asesinato, Vallejo adopta un enfoque que reduce la participación de Verdejo Bravo en la romería a un acto delictual.
Sin embargo, la verdad es clara. Tanto los múltiples videos que circulan en redes sociales como la formalización del agresor, Patricio Villafaña, miembro de un grupo ultraderechista “anti-marcha”, demuestran que el asesinato fue un acto de violencia política, llevado a cabo en el marco de la romería hacia el Cementerio General. Villafaña no actuó de manera aislada ni por motivos personales, sino como parte de una ola de violencia reaccionaria que busca intimidar a quienes recuerdan y honran la memoria de las víctimas del golpe militar.
La actitud de Camila Vallejo no es un error aislado, sino un reflejo del carácter antipopular del gobierno de Gabriel Boric. Este gobierno, lejos de defender los intereses de los sectores populares, ha recurrido sistemáticamente a deslegitimar sus luchas. La criminalización de la lucha mapuche y de los movimientos sociales chilenos no es nueva, y al desligar actos de violencia política de su verdadero trasfondo, el gobierno de Boric contribuye a perpetuar la estigmatización de las reivindicaciones sociales y políticas.
Este asesinato no puede ser visto como un hecho aislado ni apolítico. Es un ataque directo contra los movimientos que luchan por la justicia social y la memoria histórica. Vallejo, al sugerir lo contrario, se pone del lado del victimario.
