(360Noticias) Mientras Washington acusa a otros países de “amenazas a la seguridad marítima”, en el propio Senado de Estados Unidos avanza una iniciativa que desnuda, sin eufemismos, la lógica imperial que ha guiado históricamente su accionar naval: la legalización de la piratería bajo amparo estatal.
El senador republicano por Utah, Mike Lee, presentó el proyecto titulado “Ley para otorgar facultades de patentes de corso contra los cárteles”, una propuesta que pretende reactivar una práctica propia de los siglos XVII al XIX: autorizar a particulares para capturar bienes, embarcaciones y personas consideradas enemigas del Estado, entregando al fisco una parte del botín. En términos claros, se trata de piratería legalizada, ahora revestida de un discurso de “lucha contra el crimen”.
La figura jurídica invocada, la Letter of Marque and Reprisal (patente de corso), permitía que corsarios privados actuaran como extensiones informales del poder estatal. El proyecto de Lee se apoya incluso en la Constitución estadounidense, cuyo artículo I, sección 8, todavía faculta al Congreso para “emitir patentes de corso y autorizaciones de represalia” y establecer normas para la captura de botines en tierra y mar.
De aprobarse la ley, ciudadanos privados de EE. UU. podrían “utilizar todos los medios necesarios” fuera del territorio estadounidense para detener personas y bienes asociados a supuestos cárteles. Se abre así la puerta a una privatización abierta de la violencia internacional, sin control real y con incentivos económicos directos.
No se trata de un hecho aislado. En febrero pasado, el congresista Tim Burchett, también republicano, promovió una iniciativa similar, celebrando públicamente que estas patentes permitirían al presidente actuar sin siquiera esperar autorización del Congreso. La deriva es clara: menos derecho internacional, más fuerza bruta.
Piratería “legal” y piratería real en el Caribe
Este debate no ocurre en el vacío. Estados Unidos acumula un largo historial de actos de piratería contemporánea en el Caribe, particularmente contra países soberanos productores de energía. El robo de cargamentos de petróleo, la incautación de buques bajo sanciones unilaterales y el secuestro de activos energéticos han sido prácticas recurrentes, ejecutadas mediante presión militar, judicial o financiera, pero con el mismo resultado: apropiación forzada de recursos ajenos.
Buques petroleros perseguidos, cargamentos desviados y empresas presionadas para entregar crudo son la versión moderna del corso: ya no con bandera negra, sino con resoluciones administrativas, tribunales ad hoc y flotas “antinarcóticos”. La diferencia es puramente estética.
Una tradición que nunca se abandonó
Tras las guerras napoleónicas, las potencias europeas intentaron poner límites a la rapiña naval mediante la Declaración de París de 1856, que prohibió el corso. Estados Unidos se negó a firmarla. No es un dato menor. Incluso cuando el derecho internacional avanzaba, Washington optaba por conservar mecanismos de pillaje legal.
El analista Michael Vlahos, del Instituto Quincy, advierte que ni siquiera hace falta restituir formalmente el corso para que estas prácticas existan. Servicios de inteligencia occidentales ya han participado en ataques y capturas marítimas en distintos escenarios, amparándose en intermediarios o terceros Estados. El caso de sabotajes a infraestructuras estratégicas y la captura de petroleros en conflictos recientes confirma que la piratería sigue siendo una herramienta funcional al poder imperial.
Legalizar lo que ya hacen
La propuesta de Mike Lee no inaugura una nueva política: busca normalizar y blanquear jurídicamente un comportamiento que EE. UU. ya despliega en los hechos, especialmente en el Caribe y América Latina. El botín energético, los recursos naturales y el control de rutas marítimas siguen siendo objetivos centrales.
Cuando Washington habla de “orden internacional basado en reglas”, estas iniciativas dejan en evidencia qué reglas son esas y a quién benefician. Legalizar la piratería no es un retroceso accidental: es la confesión explícita de un imperio que, en su decadencia, vuelve a métodos coloniales para sostener su hegemonía.
En ese contexto, los ataques a embarcaciones petroleras y el robo de crudo en el Caribe no son anomalías, sino la expresión concreta de una política que ahora pretende convertirse, incluso, en ley.
