Santa Cruz, Bolivia (360Noticias) — En un nuevo revés para la estrategia judicial del Lawfare en Bolivia, un juzgado departamental de Santa Cruz resolvió este miércoles dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales Ayma, otorgándole libertad irrestricta para ejercer su defensa y desarrollar actividades políticas en todo el país.
La decisión, que anula la orden de captura del 2024 por la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, representa un duro golpe a quienes han instrumentalizado el aparato judicial para proscribir políticamente al líder indígena. Morales enfrentaba una acusación por un supuesto caso de trata agravada de personas —sin denuncia formal de víctima— y por un proceso que fue cerrado en 2020 y reabierto años más tarde bajo una nueva tipificación penal.
“Se deja sin efecto cualquier auto de rebeldía, mandamiento de aprehensión judicial que pese sobre el ciudadano Juan Evo Morales Ayma, así como cualquier tipo de actuación que afecte y/o restrinja los derechos reclamados por el accionante”, reza el fallo emitido por la jueza Lilian Moreno.
El abogado defensor de Morales, Nelson Cox, confirmó que la orden de captura fue anulada en su totalidad y que las autoridades judiciales de Tarija ya han sido notificadas de la resolución. Además, anunció que el caso será trasladado a un juzgado en Villa Tunari, región del Trópico de Cochabamba y bastión histórico del liderazgo cocalero de Morales.
“Estamos ante una victoria jurídica y política que demuestra las graves irregularidades del proceso. La defensa va a demostrar la absoluta inocencia de Evo Morales ante un caso sin fundamentos, sin denuncia de víctima, y armado desde sectores interesados en su inhabilitación política”, declaró Cox.
El traslado del caso a Villa Tunari responde al principio del “juez natural”, y fue gestionado por la defensa como parte de una queja formal ante la justicia, que finalmente reconoció la arbitrariedad de mantener el caso en Tarija, región lejana al domicilio de Morales.
Esta resolución judicial pone en entredicho los mecanismos de persecución judicial y mediática que, desde el golpe de Estado de 2019, han buscado neutralizar políticamente al primer presidente indígena de Bolivia. El Lawfare —la guerra jurídica utilizada como arma para destruir adversarios políticos sin pruebas contundentes, pero con amplio despliegue propagandístico— ha sido denunciado reiteradamente por organismos internacionales y movimientos sociales.
Con su libertad irrestricta restituida, Evo Morales se perfila para retomar plenamente su vida política y su presencia en las calles, donde su liderazgo permanece vivo en amplios sectores del pueblo boliviano. La decisión también allana el camino para una eventual participación en las próximas elecciones y refuerza el clamor que el pueblo ven en Morales una figura indispensable en el proceso de transformación social del país.
