FOTO: CAMILO TAPIA
(360Noticias) Una vez más, la justicia ha dado un giro inesperado en el caso de los comuneros mapuche acusados de un ataque incendiario en Los Ángeles. La Corte de Apelaciones de Concepción ha tomado una decisión trascendental al anular las condenas dictadas contra Ernesto Llaitul Pezoa, hijo del líder de la CAM, Héctor Llaitul, y otros cuatro integrantes de la comunidad mapuche. Esta determinación surge después de que se acogieran los antecedentes presentados por las defensas de los comuneros, evidenciando una vez más las falencias en el proceso judicial.
Los hechos en cuestión se remontan a septiembre de 2021, cuando un ataque incendiario ocurrió en el sector Paraguay de Los Ángeles, afectando al fundo “Punta Arenas”. En noviembre del año pasado, los acusados fueron condenados a penas que alcanzaban hasta quince años de prisión por delitos de incendio y homicidio frustrado, emanadas desde el Tribunal Oral de la capital provincial.
Sin embargo, la determinación de la Sexta Sala de la corte penquista de anular estas condenas pone en tela de juicio la validez del proceso llevado a cabo hasta ahora. Esta decisión surge tras la revisión de los antecedentes presentados por las defensas de los comuneros, que han puesto de manifiesto la necesidad de una evaluación más exhaustiva de las pruebas por parte de un tribunal imparcial.
Ante esta resolución, la corte ha ordenado que el juicio sea repetido por un tribunal que no esté inhabilitado, con el objetivo de garantizar un proceso justo y transparente. Es imperativo que se revisen minuciosamente todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, asegurando que se respeten los derechos de los acusados y se llegue a una conclusión basada en evidencia sólida y no en suposiciones o prejuicios.
Este nuevo giro en el caso de los comuneros mapuche no solo destaca las debilidades del sistema judicial, sino que también resalta la importancia de garantizar la imparcialidad y la transparencia en todos los procesos judiciales. La lucha por la justicia y el respeto de los derechos de las comunidades indígenas continúa, y es fundamental que se aborde con la seriedad y la rigurosidad que merece.
