La Paz, 18 sep (Sputnik).- Hace una semana, el presidente boiviano Luis Arce promulgó la ley que permite el retiro total o parcial de los aportes de la jubilación de los fondos de pensiones, comúnmente llamados AFP, empresas privadas que ya agitaron el avispero tanto en Chile como en Perú.
Sin embargo, ese proceso en Bolivia parece ser ordenado y transita hacia el retiro de estas administradoras de fondos para que inicie operaciones la Gestora pública de la seguridad social de largo plazo.
O por lo menos así lo indica a la Agencia Sputnik el gerente general de la Gestora, Jaime Durán Chuquimia.
El economista de 42 años indica que “la transición está siendo ordenada”, al tiempo que lamenta las demoras que sufrió el proceso durante el año pasado.
“La ley 065 establece que ya pueda funcionar la Gestora. Lo que ha ocurrido en la gestión 2020 producto del gobierno de facto, es que esa administración paralizó totalmente las actividades. Hemos perdido 12 meses y estamos recuperando ese tiempo”, afirma.
El decreto firmado por Arce beneficia, en concreto, a los mayores de 50 años que tengan menos de 1.436 dólares. Ellos y ellas pueden retirar la totalidad de sus recursos.
Asimismo, quienes tengan lo equivalente hasta 14.367 dólares, podrán acceder al 15 por ciento de su ahorro.
Por último, aquellos y aquellas que tengan ahorrado más de ese valor podrán sacar un máximo de 2.176 dólares.
ANTICRISIS
Para el Ejecutivo boliviano, además de tratarse de una promesa de campaña que ya puede tildar como aprobada, esta decisión será clave en aquellas economías familiares que se vieron abatidas por la crisis generada a partir de la pandemia de covid-19.
“Fue grato conocer a don Gonzalo Melgar, quien se beneficiará con la devolución de sus aportes a las AFP para iniciar un emprendimiento. Como él, más de un millón de personas afectadas por la crisis podrán acceder a este beneficio. Promesa hecha y cumplida”, tuiteó Arce hace algunos días.
La condición para retirar fondos es que estén desempleados y no estén siendo pensionados o una pensión en curso del trámite.
Según cálculos del Ministerio de Economía boliviano, la decisión beneficiará a 1,4 millones de bolivianos y bolivianas, sin embargo, Durán Chuquimia recomienda lo mismo que el presidente Arce: pensarlo bien.
“Creo que es una norma sabia en la medida en que permite establecer un adecuado equilibrio entre las necesidades de la gente y también lo que significa preservar la sostenibilidad del sistema”, elogia el economista que tiene una maestría en gestión pública.
Y aconseja: “Lo que la gente tiene que hacer es pensar muy bien y recomiendo que se usen en casos de extrema necesidad, porque no debemos olvidar que gracias a esos ahorros se puede generar una pensión”.
Bolivia registra importantes avances en materia previsional dado que, en Sudamérica, es el único país que tiene una cobertura total del régimen contributivo, que alcanza a la totalidad de los adultos mayores de 60 años. Esa masa de gente (y aportes) ahora serán administrados por el Estado.
Consultado sobre los reclamos sociales que la existencia de las AFP provocó en Perú y Chile, Durán Chuquimia advierte que “son realidades distintas con Chile aunque haya elementos comunes”.
“El interés público es pensar en el beneficio de la gente. En cambio, una AFP está más concentrada en un beneficio al sector privado”, reconoce el economista. “En mi opinión, es mejor que los recursos de los trabajadores sean administrados por entes de gestión estatal”.
A las AFP, mientras tanto, le espera un futuro efímero. Durante un tiempo prudente podrán cerrar sus cuentas y realizar mecanismos de cobranza por mora pero las prestaciones y la atención al público tienen fecha de vencimiento.
“En septiembre del año que viene vamos a iniciar con los nuevos afiliados, y transcurridos ocho meses, hasta mayo de la siguiente gestión, 2023, concluiríamos todo el proceso de migración de datos y nos haríamos cargo en su totalidad del sistema integral de pensiones”, añade el exjefe de operaciones del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir).
Será ese el momento en que los 2.470.834 afiliados que integran el Sistema Integral de Pensiones (SIP) pasen a la órbita del estado, bajo la figura de un fideicomiso, y que sean las AFP las que pasen a retiro, luego de 27 años.
