(360Noticias) El derrumbe ético del gobierno de Gabriel Boric sigue profundizándose. A la reciente destitución de la senadora Isabel Allende —ícono del neoliberal Partido Socialista—, se suma ahora el golpe al Frente Amplio: la Corte Suprema confirmó este lunes, de forma unánime, el desafuero de la diputada Catalina Pérez , involucrada en el escandaloso caso de corrupción conocido como “Democracia Viva”.
“La Corte Suprema confirma desafuero de diputada Catalina Pérez”, informó lacónicamente el Poder Judicial a través de un comunicado, pero el impacto político del fallo es cualquier cosa menos menor.
La decisión del máximo tribunal chileno ratificó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Antofagasta en febrero, cuando se determinó que Pérez debía perder la inmunidad parlamentaria que la protección de eventuales acciones judiciales. Esto abre la puerta para que enfrente cargos formales por fraude al fisco, en un caso que ya se ha convertido en el emblema del desmoronamiento moral del proyecto que prometía “superar la política de los 30 años”.
La petición de desafuero fue presentada por el jefe fiscal de Antofagasta, Cristian Aguilar, en el marco de la investigación por millonarios convenios entre el Ministerio de Vivienda y la Fundación “Democracia Viva”, organización vinculada directamente al Frente Amplio. Pérez, quien entonces militaba en dicha coalición, aparece entre los actores clave de un esquema de financiamiento que eludió licitaciones y operó con total impunidad bajo el amparo del poder político.
Sin licitación, sin vergüenza.
La investigación ha revelado contratos asignados de forma directa, sin concursos públicos, y relaciones cruzadas entre funcionarios del Estado y operadores políticos disfrazados de gestores sociales. La trama incluye a exmilitantes y asesores cercanos a Pérez, y compromete incluso a otras figuras del oficialismo.
El fallo de la Corte Suprema autoriza ahora que el Poder Judicial imponga a Pérez cautelares como el arresto domiciliario, arraigo nacional, o incluso medidas de prisión preventiva mientras avanza el proceso penal.
Pero la diputada no está sola en el banquillo de los cuestionamientos: Miguel Crispi , hasta hace unas semanas jefe de asesores y “mano derecha” del presidente Boric, también debió abandonar su cargo tras ser involucrado en el mismo caso. Su renuncia, aceptada por el mandatario en marzo, fue un duro golpe a la estructura interna de La Moneda, donde Crispi era considerado un actor central en la toma de decisiones.
Lo que alguna vez fue presentado como una “nueva política” hoy está profundamente manchado por prácticas que recuerdan los peores episodios del clientelismo, la opacidad y el tráfico de influencias.
