(360Noticias) La ministra y candidata presidencial Jeannette Jara (PC) queda en entredicho tras revelarse su vínculo con uno de los propietarios de los terrenos de la toma de San Antonio, donde cientos de familias humildes enfrentan el desalojo. Su alianza con representantes del gran capital inmobiliario contradice los principios históricos del movimiento popular y de la izquierda chilena.
El conflicto interno entre el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), y la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), ha escalado en las últimas horas, dejando al descubierto una profunda inconsecuencia política. La disputa, que en apariencia gira en torno a la crisis habitacional, expone en el fondo una fractura ética dentro del bloque gubernamental: mientras Montes señala a actores ligados al negocio inmobiliario, Jara parece haber tendido puentes con ellos.
Durante su participación en el programa “Estado Nacional” de Televisión Nacional, el ministro Montes lanzó una grave acusación:
“No lo debería decir, pero lo voy a decir: el dueño del terreno de San Antonio, una de sus manos derechas también está en el comando de la señora Jara. Me lo contó el propio señor dueño del terreno”.
Se refiere a un empresario privado que figura como propietario de los terrenos en disputa en San Antonio, donde se desarrolla una de las tomas más grandes de la región, en la que habitan cientos de familias organizadas en comités de vivienda, entre ellos mujeres, niños y adultos mayores que hoy enfrentan la amenaza de expulsión.
Mientras los pobladores luchan por un pedazo de tierra donde construir su hogar, la candidata Jeannette Jara, aparece vinculada a quienes buscan desalojar y reprimir la organización popular, alineándose con los mismos sectores que sostienen el modelo neoliberal de la especulación inmobiliaria.
La paradoja es evidente: una figura política que se presenta como representante del mundo del trabajo y de las demandas sociales termina aliándose con los dueños del suelo, con aquellos que hacen negocio de la necesidad y perpetúan el sistema injusto que excluye a los pobres del derecho a la vivienda digna.
Mientras los pobladores resisten el desalojo y demandan soluciones habitacionales reales, la ministra-candidata prefiere tejer alianzas con quienes lucran con la miseria. Su decisión de “tomar partido” por los administradores del modelo antes que por los trabajadores y pobladores revela la profunda crisis moral del progresismo chileno, atrapado en la lógica del poder y la conciliación con el capital.
El caso de Jeannette Jara demuestra que en Chile el discurso social puede ser fácilmente vaciado de contenido cuando se cede ante los intereses económicos, y que el verdadero compromiso con los trabajadores y los sin casa se demuestra no en los discursos, sino en las alianzas y decisiones concretas.
