(360Noticias) La desaparición de Julia Chuñil, dirigenta mapuche y activista medioambiental de la Región de Los Ríos, se ha convertido en una preocupación central para más de 200 organizaciones sociales. Desde el 8 de noviembre, fecha en la que se le vio por última vez, no se tiene información sobre su paradero. Chuñil, presidenta de la comunidad Putreguel, desapareció mientras buscaba animales extraviados en el predio conocido como “Reserva Cora Número Uno-A”, acompañada de un hacha utilizada para trabajar.
El caso ha generado alarma debido a las amenazas previas que Chuñil recibió relacionadas con la defensa de los bosques nativos y los procesos de traspaso de tierras. Según Juana Aguilera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Chuñil había denunciado estas amenazas, incluso advirtiendo a su familia: “Si algo me pasa, ya saben quién fue”. Aguilera destacó que estas circunstancias reflejan posibles actos de corrupción y señaló la responsabilidad del Estado chileno y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), organismo vinculado a transacciones poco claras en la zona.
Las amenazas contra Chuñil se remontan al 2018, cuando comenzó a recibir presiones para abandonar su territorio en Máfil. Estas incluían intentos de atropello, sobornos y destrucción de infraestructura, en el contexto de disputas con el empresario Juan Carlos Morstadt Anwandter, vinculado a negociaciones de compraventa con la Conadi. Aguilera denunció que el Estado no ha cumplido con su obligación de proteger a Chuñil y su familia, comparando su situación con las torturas psicológicas vividas por los familiares de detenidos desaparecidos durante el terrorismo de Estado.
La desaparición de Chuñil se enmarca en la lucha de su comunidad por defender sus tierras ancestrales desde 2015, enfrentando constantes hostigamientos. Más de 200 organizaciones han exigido su búsqueda, subrayando la responsabilidad del Estado chileno, que suscribió la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada de Personas.
Aguilera llamó a esclarecer las irregularidades en los traspasos de tierras, señalando la complicidad de grandes terratenientes en las amenazas. La desaparición de Chuñil representa un grave atentado contra los derechos humanos y evidencia la vulnerabilidad de las defensoras de la tierra en Chile. Su caso exige una respuesta inmediata por parte del Estado para garantizar justicia y protección a su familia y comunidad.
