(360Noticias) En un caso que ha desatado indignación y serias dudas sobre la integridad del sistema judicial chileno, Osmar Alexander Ferrer Ramírez, sicario vinculado al cartel Tren de Aragua y acusado del asesinato del empresario José Reyes Ossa, conocido como “El Rey de Meiggs“, fue liberado a menos de 24 horas de haber ingresado a prisión preventiva. La excarcelación, que inicialmente se atribuyó a un posible hackeo, fue luego confirmada como una orden “legalmente emitida” a través de los canales oficiales del Poder Judicial.
El hecho ocurrió el 10 de julio, cuando Gendarmería de Chile recibió, por los conductos regulares, un documento judicial que ordenaba la liberación de Ferrer, formalizado por robo con homicidio y sindicado por la Fiscalía como uno de los autores materiales del crimen ocurrido el pasado 19 de junio en Ñuñoa. La jueza Irene Rodríguez, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, había advertido durante la audiencia de formalización que los imputados eran un “peligro para la sociedad” y que enfrentaban penas de presidio perpetuo. A pesar de ello, el documento que ordenó la excarcelación fue ejecutado sin mayores cuestionamientos.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó la situación como “completa y absolutamente inexplicable”, destacando que la información que manejan confirma que la orden fue legítimamente recibida y validada por Gendarmería. “Afecta la confianza en el sistema de justicia”, sentenció. Por su parte, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, señaló que el documento liberador contaba con firma electrónica y código de verificación, aunque reconoció que “todas las opciones posibles son malas” y que ya se coordinan cambios en los protocolos de comunicación entre Gendarmería y el Poder Judicial.
El Ministerio Público abrió una investigación penal para esclarecer la legalidad del documento y determinar si hubo falsificación de instrumento público o adulteración de sistemas informáticos. Sin embargo, Gendarmería fue enfática en descartar cualquier vulneración a sus sistemas, insistiendo en que solo ejecutaron lo que ordenó el tribunal correspondiente.
Más allá de tecnicismos administrativos, el resultado es alarmante: un sicario vinculado a una de las organizaciones criminales más violentas del continente ha quedado en libertad, sin que hasta el momento se logre su recaptura. La situación plantea interrogantes inquietantes: ¿Fue realmente un error burocrático, o estamos frente a un caso de negligencia grave o incluso complicidad judicial? ¿Cómo es posible que un documento judicial tan delicado no haya sido sometido a doble verificación, considerando el alto perfil del imputado?
La liberación de un sicario del Tren de Aragua no puede considerarse un simple “error administrativo”: es una amenaza directa a la seguridad del país y una bofetada a la justicia chilena.
