(360Noticias) El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció restricciones de visa contra tres funcionarios del gobierno chileno, acusándolos de haber participado en acciones que “comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional”.
La medida, respaldada por el presidente Donald Trump, incluye la revocación de visas y la prohibición de ingreso a territorio estadounidense tanto para los funcionarios como para sus familiares directos.
El trasfondo: el cable Chile–China
Aunque el comunicado oficial no menciona proyectos específicos, en Santiago se vincula la decisión al avance del proyecto Chile China Express, impulsado por la multinacional China Mobile, que contempla la construcción de un cable submarino de fibra óptica entre Hong Kong y Valparaíso.
La iniciativa permitiría una conexión directa entre Sudamérica y Asia sin depender de rutas bajo influencia estadounidense, lo que ha generado preocupación en Washington por el eventual control de nodos estratégicos de transmisión de datos.
Los funcionarios afectados
Aunque el Departamento de Estado no publicó los nombres en su declaración, en Chile trascendió que los sancionados serían el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y el jefe de gabinete de la Subtel, Guillermo Petersen.
Entre 2024 y 2025, ejecutivos de China Mobile sostuvieron reuniones con autoridades de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para explorar el desarrollo del proyecto.
Reacción del Gobierno chileno y debate sobre soberanía
El presidente Gabriel Boric calificó la decisión como “arbitraria, unilateral e injustificada”. La Cancillería citó al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para exigir explicaciones formales por una medida que —según La Moneda— tomó por sorpresa al Ejecutivo.
Desde sectores políticos y sociales críticos de Washington, la revocación de visas fue interpretada como una señal de presión externa frente a decisiones soberanas en materia de infraestructura estratégica. Se cuestiona que un tercer país adopte sanciones unilaterales contra autoridades chilenas por decisiones vinculadas al desarrollo tecnológico nacional.
En este contexto, diversas voces han planteado que la medida refleja una lógica de poder propia de la política exterior estadounidense en la región: el uso de instrumentos migratorios y financieros para condicionar decisiones internas de países latinoamericanos. Bajo esta mirada, la sanción no se limitaría a un desacuerdo técnico sobre telecomunicaciones, sino que constituiría un intento de disciplinamiento geopolítico.
Para estos sectores, impedir que Chile desarrolle rutas de conectividad independientes —especialmente si no pasan por infraestructura bajo influencia estadounidense— supone una forma de injerencia que erosiona la soberanía nacional y restringe la capacidad del país para diversificar sus alianzas estratégicas.
El episodio vuelve a instalar el debate sobre si las grandes potencias aceptan realmente la autonomía tecnológica de América Latina o si buscan mantener esquemas de dependencia propios de relaciones neocoloniales, donde el margen de decisión de los Estados periféricos queda subordinado a los intereses de seguridad y económicos de Washington.
