Quito (Sputnik).- La Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGTE) anunció este jueves la convocatoria a una convención nacional para el 3 de junio e informó que se mantendrá vigilante para frenar cualquier pretensión del Gobierno de aprobar leyes “neoliberales” que afecten a la clase obrera sobre la base del decreto presidencial 741, expedido la víspera.
“Le decimos al Gobierno que vamos a estar vigilantes porque también pretenden ejecutar su política neoliberal a través de la privatización del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), donde estarían afectándose afiliados, jubilados y pensionistas”, dijo José Villavicencio, dirigente de ese sindicato, afiliado al Frente Unitario de Trabajadores.
El decreto 741 firmado el miércoles por el presidente Guillermo Lasso activó la denominada “muerte cruzada” para disolver la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y convocar a elecciones generales anticipadas, arguyendo “grave conmoción y crisis política”.
Ello le permitirá jefe de Estado ecuatoriano gobernar mediante decretos hasta que asuman las nuevas autoridades, que deberán conducir el país hasta 2025.
La UTGE busca movilizarse para evitar que algún decreto presidencial afecte sus derechos, en particular la privatización el IESS con el pretexto de una presunta crisis financiera en esa institución, contra lo cual viene manifestándose el movimiento obrero en los últimos años.
“Le decimos claramente al ministro (de Trabajo, Patricio) Donoso que se equivocan si es que pretenden aprobar una ley laboral a través de este mecanismo”, advirtió Villavicencio en rueda de prensa.
El miércoles, Lasso emitió un decreto ejecutivo que implementa una reforma tributaria por la cual, según dijo, se reducirán impuestos y se fortalecerá la economía de 460.000 familias.
El mandatario apeló el miércoles al mecanismo de “muerte cruzada”, previsto en la Constitución, mientras era sometido a un juicio político en la Asamblea Nacional, donde la oposición tenía en principio los votos necesarios para su destitución.
Lasso es acusado de no haber suspendido un polémico contrato entre la empresa estatal Flopec y el conglomerado Amazonas Tankers, para la transportación del crudo ecuatoriano, que habría ocasionado un perjuicio para el Estado por 6,1 millones de dólares, según la Contraloría General del Estado.
